La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llevó a cabo una redada masiva en el condado de Kern, cerca de Bakersfield, California, a más de seis horas de la frontera con México.
La acción resultó en la detención de al menos 200 jornaleros migrantes, de los cuales algunos fueron deportados, otros liberados y muchos aún permanecen en centros de detención.
El operativo ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores agrícolas. Antonio De Loera-Brust, director de Comunicaciones de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés), expresó su sorpresa ante la incursión de la Patrulla Fronteriza en una zona tan alejada de la frontera. «Fue muy raro porque, en general, la Patrulla Fronteriza está, pues, en la frontera con México y es algo muy inusual, no típico», declaró.
Según testimonios recabados por la UFW, los migrantes detenidos fueron presionados para firmar su salida «voluntaria» del país. «Le ponen ‘voluntaria’, pero eso es una ficción porque los presionaron; les decían que si no firmaban, los iban a encarcelar por décadas, que iban a perseguir a sus familias», denunció De Loera-Brust.
Esta redada ocurre en el contexto de nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, quien en su segundo mandato ha intensificado las políticas de deportación masiva. Una de estas medidas, denominada «Protección del pueblo americano contra la invasión», establece la creación de grupos especiales de seguridad nacional en los 50 estados con el objetivo de acelerar la expulsión de migrantes y ampliar la capacidad de los centros de detención.
Sin embargo, De Loera-Brust advierte que el objetivo principal de estas redadas es generar miedo entre los trabajadores migrantes más que deportarlos a todos, ya que hacerlo impactaría negativamente la economía estadounidense. «El 90 por ciento de quienes trabajan en los campos de Estados Unidos son de origen mexicano», explicó.
California, Texas y Tennessee son los estados con mayor empleo agrícola, y Bakersfield, epicentro del reciente operativo, es la zona metropolitana con más jornaleros agrícolas del país.
La UFW ha reiterado su llamado a una reforma migratoria que permita a los trabajadores agrícolas regularizar su situación en el país. «Debe permitir que las y los trabajadores del campo tengan el derecho a hacerse ciudadanos de manera justa, digna y rápida, y que puedan seguir trabajando sin miedo», afirmó De Loera-Brust.
Las redadas y políticas migratorias han puesto en jaque la estabilidad de miles de familias trabajadoras en Estados Unidos, mientras organizaciones y defensores de derechos humanos continúan exigiendo un cambio que garantice un trato digno y equitativo para los migrantes.
