Ante la conmoción nacional por el feminicidio de Keila Nicole, una adolescente de 13 años asesinada y desmembrada en San Quintín, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó su postura este jueves y llamó a no responder con mayor criminalización, sino con una intervención social profunda.
“Criminalizar desde más jóvenes no resuelve el problema Hay una legislación que establece la responsabilidad penal de una persona, aunque sea menor de edad, frente a un crimen menor”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.
Al ser cuestionada en su conferencia matutina sobre si el presunto agresor —un adolescente de 16 años identificado como Cristian “N.” —debería ser juzgado como adulto, Sheinbaum evitó respaldar esta demanda. En cambio, subrayó que el caso debe atenderse tanto desde la justicia penal como desde las condiciones sociales que lo rodean.
“San Quintín es una zona con altos ingresos de exportación agrícola, pero con condiciones precarias y de desigualdad para los jornaleros migrantes. Muchos no tienen contratos formales ni acceso digno a servicios. Ahí es donde interviene el Estado”, explicó.
La mandataria reveló que su administración ya trabaja en un plan integral para San Quintín, que incluye la conclusión de un hospital del IMSS, la construcción de guarderías, el fortalecimiento de escuelas y un censo casa por casa por parte de la Secretaría del Bienestar. El objetivo, dijo, es atacar de raíz la descompensación social que puede derivar en hechos de violencia como el que le arrebato la vida a Nicole.
El crimen que estremeció al país
Keila Nicole fue vista por última vez el pasado 1 de julio, tras salir de su domicilio ubicado en el poblado Vicente Guerrero en la comuna antes mencionada. Su familia denunció su desaparición; fue obligada a esperar 72 horas para que se activara su ficha de búsqueda. Al día siguiente, el cuerpo de la menor fue encontrado desmembrado, lo que provocó una oleada de indignación en la comunidad y en las redes sociales.
Cabe mencionar que, de acuerdo al testimonio de una amiga de la víctima, quien fue la última persona con la que mantuvo comunicación antes de su terrible desenlace, le había mandado un mensaje diciendo que sentía temor por el comportamiento nervioso del agresor, que la había llevado a un lugar para cometer el crimen; posteriormente perdió contacto con Nicole.
Días después, fue detenido Cristian “N.”, también menor de edad, quien confesó el crimen. De acuerdo con la Fiscalía General de Baja California, el joven planeó el asesinato inspirado en la serie Dexter. En su domicilio se hallaron dibujos y esquemas detallados de cómo desmembrar un cuerpo.
El 9 de julio fue vinculado a proceso por feminicidio agravado y recluido en un centro para menores. La ley mexicana impide que un adolescente sea juzgado como adulto, lo que ha desatado protestas de colectivos y familiares que exigen una pena más severa.
Justicia y prevención: el dilema
El caso ha reavivado el debate sobre si es necesario reformar el sistema penal juvenil ante crímenes tan extremos. Organizaciones feministas y familiares de Keila han exigido que el acusado “pague como adulto por haber actuado como adulto”. Temen que, en pocos años, el joven recupere su libertad.
Por su parte, Sheinbaum reafirmó que no basta con endurecer las penas, sino que es necesario “atender de fondo las condiciones estructurales que propician estos hechos”, particularmente en regiones como San Quintín, donde la migración, el abandono institucional y la informalidad laboral convergen.
Un feminicidio que evidencia fallas del Estado
El feminicidio de Keila Nicole ha puesto en evidencia la negligencia institucional: desde la negativa inicial a aceptar la denuncia de desaparición hasta la falta de protocolos para la búsqueda inmediata de menores.
San Quintín, aunque estratégico en la exportación agrícola, es también reflejo de la marginación y el olvido. El caso ha trascendido más allá del crimen: se ha convertido en un símbolo de exigencia por justicia real, prevención efectiva y políticas públicas con enfoque de derecho.
