La Comisión Nacional del Agua (Conagua) descubrió una presa de grandes dimensiones construida ilegalmente en el interior de un rancho vinculado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por delitos de corrupción.
La represa fue localizada en el predio «Las Virginias», ubicado en el municipio de Rosales, Oaxaca. De acuerdo a losdocumentos oficiales y declaraciones de autoridades, confirman que el rancho pertenece al exmandatario estatal. La Conagua determinó que la obra carece por completo de los permisos, concesión o autorización legal para su construcción u operación, por lo que se trata de una infracción grave a la ley de aguas nacionales.
Capacidad y daño
La presa tiene la capacidad para almacenar aproximadamente 20 millones de metros cúbicos de agua. Su existencia ha provocado un daño significativo a la cuenca de San Pedro, afectando el ciclo hidrológico natural y la disponibilidad del recurso de otros usuarios aguas abajo.
Cabe señalar que el hallazgo es particularmente grave debido a la sequía extremaque históricamente ha afectado a Chihuahua por mucho tiempo. La presa ilegal acaparaba un volumen crucial en una región de estrés hídrico. Acciones inmediatas Tras el descubrimiento, la Conagua procedió a desfogar la presa de manera controlada para restituir el agua al cruce natural del río y así mitigar el daño ambiental.Mientras tanto, se inició un procedimiento administrativo sancionador.
Ante estos señalamientos, Duarte, cuyo paradero es desconocido, negó a través de su abogado ser el propietario de esa presa específicamente.
Sin embargo, la propiedad y el rancho donde se ubica lo vinculan directamente en el caso. Las autoridades investigan su responsabilidad y la de otros involucrados, añadiendo cargos ambientales a su historial legal pendiente.
Este caso destaca el problema de la apropiación ilegal del vital líquido por parte de particulares poderosos, agravando la crisis hídrica en México.La acción de este organismo público representa un esfuerzo para aplicar la ley contra infracciones a gran escala, incluso cuando se involucran figuras políticas con gran historial de corrupción.
