Google, al igual que otras grandes empresas tecnológicas como Meta y Amazon, pondrá fin a sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
En un comunicado oficial, Fiona Cicconi, jefa de recursos humanos de Google, aseguró que ya no habrá objetivos específicos de contratación relacionados con DEI debido a la condición de la empresa como contratista federal y a las recientes “decisiones judiciales y órdenes ejecutivas” de Estados Unidos.
Además, Google eliminó de sus informes anuales una declaración donde manifestaba su “compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión en todo lo que realizaba”. En 2020, la compañía había anunciado públicamente que su meta principal era aumentar la “representación de liderazgo de grupos subrepresentados en un 30%”, objetivo que alcanzó en 2022.
Sin embargo, tras la finalización de estos programas en Estados Unidos, Google informó en su más reciente reporte que está “evaluando cuidadosamente” otras iniciativas DEI dentro de la empresa que podrían “aumentar el riesgo” o “no tener el impacto esperado”.
Alphabet, la empresa matriz de Google, también modificó sus políticas internas. Eliminó una frase presente en sus informes anuales desde 2020 que afirmaba: “En Alphabet, nos comprometemos a que la diversidad, la equidad y la inclusión formen parte de todo lo que hacemos y a construir una plantilla representativa de los usuarios a los que servimos”.
Mientras que en el informe del año pasado la palabra “diversidad” apareció ocho veces, en el nuevo documento publicado este martes, dicha frase ha desaparecido.
La decisión se alinea con un decreto emitido por el expresidente Donald Trump, quien en su primer día de mandato ordenó el fin de las políticas DEI dentro del Gobierno Federal. En el decreto, Trump instruyó “terminar con todos los programas discriminatorios, incluidos los mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA), bajo cualquier nombre que aparezcan”. Asimismo, amenazó con sanciones económicas a los contratistas federales que mantuvieran programas DEI, generando incertidumbre jurídica para las empresas.
