El anuncio del Paquete Económico 2026 por parte del gobierno federal ha provocado una oleada de críticas en redes sociales, especialmente entre la comunidad gamer, debido a la propuesta de imponer un nuevo impuesto del 8 % a los videojuegos con contenido violento. Esta medida se suma a un contexto de creciente malestar en México, donde ya se había expresado inconformidad por aranceles elevados a productos importados, la falta de claridad en precios de plataformas digitales, y el encarecimiento general del acceso a consolas y accesorios.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este gravamen forma parte de una estrategia de “impuestos saludables” con fines extrafiscales, orientada a reducir el consumo de productos que —según argumenta el gobierno— tienen efectos negativos en la salud física y mental de la población. Además del nuevo impuesto a videojuegos, se contempla un aumento de 30 % a 50 % en las tasas para apuestas en línea, así como incrementos al IEPS sobre bebidas azucaradas (3.08 pesos por litro) y tabaco (de 160 % a 200 %, con esquema gradual hasta 2030).
Los Criterios Generales de Política Económica 2026 señalan que “estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes”, así como efectos colaterales como aislamiento y ansiedad. Sin embargo, en redes sociales, múltiples voces han cuestionado esta afirmación y señalado la paradoja de aplicar medidas de este tipo en un país que enfrenta una violencia cotidiana derivada del crimen organizado, más allá del consumo de entretenimiento digital.
Desde principios de agosto, publicaciones virales en la red X (antes Twitter) ya habían advertido sobre un ambiente fiscal cada vez más hostil hacia el consumo digital. Usuarios como @NotiPlay_ y @TaquitoDeSal_ denunciaron la falta de transparencia en tiendas como PlayStation Store, donde los precios no incluyen impuestos y resultan más altos que en otras plataformas. Comparativas de precios —como la publicada por @mexican8gamer— reflejan diferencias de hasta 20 % en títulos como Metal Gear Delta: Snake Eater, entre Xbox y PlayStation.
El descontento aumentó tras conocerse que los videojuegos violentos serán gravados con un nuevo impuesto especial. Para muchos usuarios, esta medida representa una criminalización indirecta de un tipo de ocio ampliamente extendido, y una estrategia que desvía la atención de problemas estructurales más complejos. Además, se ha advertido que este tipo de impuestos podrían fomentar la piratería, especialmente si se combinan con aumentos en aranceles, como el aplicado el 15 de agosto a importaciones chinas, que pasó del 19 % al 33 %.
Las críticas no se han limitado a la comunidad gamer. Algunos especialistas han señalado que, aunque los llamados impuestos saludables tienen un sustento en políticas públicas internacionales, la aplicación de un impuesto a videojuegos por su “contenido violento” abre un debate sobre libertad de consumo y clasificación de contenidos. Hasta ahora, la medida no ha derivado en un boicot formal, pero hashtags como #Profeco y menciones a @PlayStation_LA siguen marcando tendencia.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum justifica la medida como parte de un esfuerzo por reducir costos sociales relacionados con enfermedades y adicciones, y alimentar un fondo de salud pública que busca cubrir un gasto estimado en 116,000 millones de pesos anuales. Sin embargo, el rechazo digital sigue creciendo, con llamados a que las autoridades enfoquen su atención en las verdaderas causas de la violencia y no en los productos culturales que la reflejan o simulan.
