El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció junto con el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, que se pondrá fin a la vacunación obligatoria para niños en las escuelas. Con esta medida, Florida se convierte en el primer estado del país en eliminar por completo un requisito que durante décadas formó parte de la política sanitaria para prevenir enfermedades como el sarampión, la polio, la varicela y la hepatitis B.
Durante la presentación, Ladapo aseguró que los mandatos de vacunación representan una forma de control y defendió que los padres deben decidir si vacunan o no a sus hijos. Subrayó que las dosis seguirán disponibles, pero que dejarán de ser un requisito para la asistencia escolar. Al mismo tiempo, DeSantis anunció la creación de una comisión estatal llamada Make America Healthy Again, con la que busca impulsar lo que denomina “libertad médica”.
La decisión generó críticas inmediatas de asociaciones médicas y de especialistas en salud pública. La Academia Americana de Pediatría y la Asociación Médica Estadounidense advirtieron que el cambio aumenta el riesgo de que resurjan brotes de enfermedades ya controladas. Datos recientes muestran que solo el 88.7 por ciento de los niños de kindergarten en Florida tienen sus vacunas completas, frente al promedio nacional de más del 92 por ciento.
Expertos como el infectólogo William Schaffner señalaron que los mandatos han protegido históricamente a los menores más vulnerables, como los inmunocomprometidos, y alertaron que eliminarlos podría debilitar esa protección. La medida también refleja la división política en Estados Unidos sobre este tema: mientras Florida elimina la obligatoriedad, otros estados como California, Oregón y Washington mantienen e incluso refuerzan sus exigencias de vacunación escolar.
El anuncio contó con el respaldo del secretario federal de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas críticas hacia las vacunas. Con este cambio, Florida se coloca en el centro del debate nacional entre la autonomía individual y la responsabilidad colectiva en materia de salud pública.
