Después de una década de procesos judiciales, España se ha despertado con la noticia de que siete empresarios vinculados a una red de explotación de menores evitarán la prisión. De las 29 personas señaladas por participar en esta red destapada en 2014, solo 16 han sido juzgadas y únicamente tres cumplirán penas de cárcel, consideradas por muchos como insuficientes.
Las condenas impuestas a los empresarios oscilan entre 5 y 15 meses de prisión, pero no ingresarán en la cárcel debido a la brevedad de las penas y la ausencia de antecedentes penales. Además, se les ha impuesto multas diarias de entre 10 y 12 euros, cantidades significativamente inferiores a las que presuntamente pagaban para ultrajar a las menores.
Los empresarios señalados de participar en este sred de abuso de menores, son: Juan Castejón Ardid, expresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM), de 74 años; José Antonio Arce López, de 70 años; Juan Peque Álvarez, de 72 años; José Jara Albero, de 68 años; Antonio Giménez Pelegrín, de 81 años; Antonio Morales Nicolás, de 92 años; y Juan Martínez Fernández, de 73 años.
En el 2014 un padre denunció la desaparición de su hija y mencionó el hecho de que la niña contaba con más dinero de lo habitual. Las investigaciones llevaron al descubrimiento de una red que captaba a menores en discotecas y colegios para ponerlas en contacto con hombres de mayores y buena posición económica, justo como los empresarios acusado.
Las penas solicitadas inicialmente para los acusados oscilaban entre 24 y 56 años de prisión. Sin embargo, un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía, que ejercía la acusación en ausencia de acusaciones particulares, resultó en una reducción sustancial de las condenas. El argumento principal para este acuerdo fue la confesión de los acusados y la dilatación indebida del proceso judicial, que se ha prolongado durante casi diez años.
Solo tres personas cumplirán penas de prisión: dos de ellas reclutaban a las menores y la tercera actuaba como intermediaria. A pesar de estar condenados a 16 y 12 años de cárcel respectivamente, se les ha comunicado que cumplirán un máximo de seis años.
La sentencia ha generado una gran indignación en la sociedad española. Los vecinos de Murcia han salido a las calles en repetidas ocasiones para protestar por lo que consideran una sensación de impunidad y una falta de justicia efectiva en este caso. Pancartas con lemas como «¡A la cárcel ya!» y «Justicia machista cómplice» reflejando el malestar ciudadano.
Los magistrados, en sus resoluciones, reconocen «la gravedad de las consecuencias que han tenido dichos hechos sobre algunas de las víctimas», destacando «el miedo que aún sienten» y «el enorme esfuerzo» que ha supuesto para ellas revivir experiencias dolorosas después de una década.
España indignada por leves condenas a empresarios implicados en pedofilia
