La Fiscalía General (FGE) del Estado de Morelos logró la detención de Juan Carlos N, director de la escuela militar Ollin Cuauhtémoc, y de Angélica N, instructora del mismo, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en contra del niño Erik Leonardo Torbellin, de 13 años, quien murió tras asistir a un campamento organizado por dicho plantel
La detención tuvo lugar durante el pasado fin de semana, en un trabajo en conjunto con la Fiscalía del Estado de México (FGEDOMEX), en la que miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lograron asegurar a estos dos directivos vinculados con las agresiones que sufrió el menor en dicho evento.
Los hechos
Erick falleció el 25 de abril, luego de haber sido trasladado a un nosocomio de Morelos con signos vitales críticos. De acuerdo al reporte de la institución, la necropsia reveló que el menor sufrió traumatismos severos, lo que provocó que se reventaran sus vísceras. Esto hizo que su madre, Erika Lucía Turbellin, denunciara la negligencia del personal de este centro de educación militar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que ignoraron el malestar de su hijo, además de que los estudiantes eran sometidos a maltratos, como la privación de los alimentos, golpes y poca atención médica. Esto fue verificado gracias al testimonio de sus compañeros que señalaron quealgunos eran amarrados, arrastrados y obligados a comer en el suelo.
Fiscalía de CDMX investiga otras denuncias
La Fiscalía General de la Ciudad de México, informó que tiene ocho denuncias más por presuntos abusos físicos y psicólogos de esta Academia.
Autoridades educativas revelaron qué el campamento organizado en Morelos carecía de los permisos oficiales, ya que esta escuela no gestionó ningúna autorización ante la Secretaria de Educación Pública (SEP).
Por su parte, la fiscal general, Bertha María Alcalde Luján, y la Autoridad Educativa Federal capitalina iniciaron investigaciones para sancionar a la academia, la cual se presume que operaba sin regulación. Mientras la madre exige justicia asegurando que las agresiones eran prácticas recurrentes avaladas por los directivos.
El caso ha generado indignación por la presunta impunidad de las instituciones educativas no reguladas y la vulnerabilidad de los menores bajo su custodia. Los detenidos enfrentan cargos por homicidio, pero se les podrían imputar más si salen a la luz otros delitos adicionales.
