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El crimen se suma a una larga lista de asesinatos sobre figuras defensoras del medio ambiente y los derechos humanos en Honduras durante al menos los últimos 40 años.
A través de la red digital X, la Secretaría de Derechos Humanos del país centroamericano denunció el crimen «condenamos el vil asesinato contra el ambientalista Juan Silva y su hijo Juan Antonio, en Las Botijas, Villa de San Antonio, Comayagua».
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Ocurrido el día de ayer en la nación hondureña.
La titular de la institución, Angélica Álvarez, pidió al Ministerio Público a abrir una investigación «exhaustiva e imparcial» para identificar a los responsables y asegurar que paguen por sus crímenes.
El comunicado también destacó el apoyo a las denuncias contra grupos criminales que operan en la zona, que atentan contra los bienes comunes y públicos. «Los defensores ambientalistas son héroes de la humanidad que defienden la vida misma. Repudiamos la violencia contra defensoras y defensores, basta ya», resaltó.
Según los reportes, Juan Silva había denunciado la tala indiscriminada de árboles en la zona protegida de Soroguara.
Las víctimas salieron de su comunidad el miércoles en una motocicleta para documentar pruebas de esas actividades ilegales, aparentemente en respuesta a una solicitud del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Al no regresar, sus familiares reportaron su desaparición, lo que desencadenó una búsqueda en la que participaron policías, militares y vecinos de la región.
Este crimen se suma a una larga lista de asesinatos de ambientalistas en Honduras, donde en las últimas cuatro décadas han sido asesinados decenas de defensores del medio ambiente, incluyendo a figuras emblemáticas como Jeannette Kawas (1995), Carlos Escaleras (1997), Berta Cáceres (2016) y Juan López (2024). La mayoría de estos casos han quedado en la impunidad, a pesar de que algunas de las víctimas contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en los últimos dos años han muerto más de 30 defensores del medio ambiente y de los pueblos originarios. Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos han urgido a las autoridades a garantizar justicia y evitar que estos crímenes queden impunes.
(Información vía TelesurTv.Net)