La Contraloría Nacional Autónoma del Agua, junto a más de 60 organizaciones, colectivos y comunidades de todo el país, emitió un contundente pronunciamiento en el que exige la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y de las legislaciones estatales para enfrentar la crisis hídrica y ambiental que vive México, particularmente en estados como Puebla. El comunicado denuncia que bajo el actual marco legal se perpetúan la corrupción, el acaparamiento de concesiones, la impunidad ambiental y la privatización del agua.
La organización criticó las recientes declaraciones del director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, quien anunció una propuesta de reforma a la LAN sin una participación ciudadana efectiva. Para la Contraloría, dicha reforma solo fortalecería una “rectoría del Estado” que, sin acompañamiento social, no resolverá los problemas estructurales del sistema hídrico nacional. Asimismo, rechazó cualquier intento de dividir el tratamiento legal del agua en dos normativas distintas, lo que consideran una forma de “apartheid hídrico”.
El comunicado también hizo énfasis en los daños ambientales y sanitarios causados por la permisividad legal en torno a las descargas contaminantes. Se señaló el caso de la cuenca del Alto Atoyac, donde se han identificado más de 2 mil descargas contaminantes. Según las organizaciones firmantes, muchas de estas se dan sin regulación ni vigilancia efectiva, generando afectaciones graves a la salud y al medio ambiente.
En el caso específico de Puebla, se denunció la inacción de autoridades estatales y federales frente a la actuación de la empresa Concesiones Integrales, señalada por presuntas violaciones al derecho humano al agua. La Contraloría exigió la instalación de una mesa de trabajo permanente para evaluar los daños ocasionados y considerar la revocación de la concesión otorgada en 2013.
Además, se alertó sobre una modificación reciente al convenio entre el gobierno estatal y la concesionaria, firmada sin conocimiento público y con supuestos avances del 90 por ciento, lo que ha generado preocupación por la falta de transparencia. Las organizaciones acusaron que las autoridades han solapado los incumplimientos de la empresa, a pesar de las demandas colectivas interpuestas por ciudadanos y colectivos.
Finalmente, se reiteró el llamado urgente a los tres niveles de gobierno para que actúen con responsabilidad, transparencia y voluntad política, y para que se elabore un Plan de Justicia Hídrica que forme parte del Plan Estatal Hídrico y del Plan de Desarrollo del Estado. Las comunidades advierten que lo que está en juego no son solo los derechos sociales y ambientales, sino la vida misma.
