A raíz del reciente fenómeno de a gentrificación que amenaza con desplazar a las comunidades de las zonas céntricas de la capital, el gobierno de la Ciudad de México anunció un conjunto de 14 acciones encaminadas a garantizar el derecho a la vivienda digna, asequible y con arraigo local.
La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el edicto titulado “ Por una cuidad habitable, asequible, con identidad y arraigo local” que busca contener el encarecimiento desmedido de la vivienda y el desplazamiento forzado de habitantes en colonias como Roma, Condesa , Juárez Escandón y San Miguel Chapultepec, entre otras .
Dentro de las medidas más destacadas se encuentra la iniciativa de una Ley de Rentas Justas, que será remitida al Congreso Local y que pretende regular los precios de alquiler para evitar aumentos por encima de la inflación. Además, se establecerá una Defensoría de Derechos de los Inquilinos, que brindará apoyo legal ante abusos contractuales y desalojos injustificados.
Otras acciones incluyen la creación de un Plan Maestro de planeación participativa con las comunidades, un índice de precios de alquiler, vivienda pública con enfoque sostenible en zonas de alta presión inmobiliaria y un Observatorio de Suelo y Vivienda para transparentar datos del mercado inmobiliario.
La gentrificación, fenómeno asociado a la llegada de habitantes con mayor poder adquisitivo que encarecen los servicios y expulsan a los pobladores originales, ha sido una de las principales causas del aumento de precios en vivienda en CDMX. De acuerdo a datos recientes, el precio promedio por metro cuadrado ya supera los 56 mil pesos en zonas céntricas, imposibilitando a los sectores populares acceder a una vivienda digna.
Por esto, Brugada enfatizó que este plan busca defender el derecho a la ciudad y frenar la especulación inmobiliaria, en un contexto donde incluso organizaciones civiles han denunciado el “blanqueamiento por despojo” y la pérdida del tejido inmobiliario.
La administración capitalina llamó a coordinar esfuerzos con el sector privado y la sociedad civil para hacer frente a la problemática que impacta directamente a la calidad de vida y al acceso a los derechos básicos de miles de capitalinos.
