Una jueza federal ha emitido una contundente orden que frena las redadas migratorias «indiscriminadas» llevadas a cabo por la administración Trump en el sur de California, marcando un precedente significativo en la defensa de los derechos humanos de la población migrante. La resolución, dictada este viernes, prohíbe específicamente las detenciones basadas en el color de piel, el idioma o la profesión de las personas, así como aquellas realizadas sin causa probable. Además, la magistrada ha dictaminado que el gobierno no puede restringir el acceso de abogados a un centro de detención de migrantes en Los Ángeles.
La decisión judicial surge de una demanda presentada por individuos afectados y diversas organizaciones de derechos humanos ante un tribunal de distrito en California. La acción legal fue catalizada por un incidente violento ocurrido el pasado 22 de junio, cuando trabajadores fueron agredidos por individuos enmascarados que portaban chalecos de la Patrula Fronteriza de Estados Unidos.
Familiares de los detenidos han denunciado que sus seres queridos permanecen incomunicados y que las detenciones se realizaron bajo criterios de perfil racial. Grupos defensores de los migrantes han acusado reiteradamente a la administración Trump de focalizar de manera sistemática a personas de piel más oscura en el sur de California, como parte de su actual estrategia de control migratorio.
Las pruebas presentadas en la demanda incluyeron testimonios desgarradores de tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue privado de su libertad a pesar de haber mostrado su identificación. Las acusaciones contra los funcionarios de inmigración detallan detenciones basadas en la etnia, arrestos sin orden judicial y la negación del acceso a asistencia legal para los detenidos en el centro de Los Ángeles.
Esta medida judicial subraya la importancia de salvaguardar las garantías fundamentales de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, y pone de manifiesto la preocupación creciente por las prácticas que vulneran la dignidad y los derechos humanos en el contexto de la política migratoria actual.
