Hoy se cumplen 18 años desde que los derechos sobre los cuerpos de mujeres y personas gestantes comenzaron a ser respetados, pero aún hay pendientes, teniendo en cuenta que, aún pasadas casi dos décadas, la despenalización del aborto no ha ocurrido para todos los estados de la república , y el acceso continúa siendo escaso o estigmatizado.
Fue el el 24 de abril de 2007 cuando el acceso al aborto se hizo oficial en el Distrito Federal después de largos años de luchas de colectivas; tras la persecución y la criminalización; tras numerosas muertes causadas por la clandestinidad y a falta de medidas y espacios seguros.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, desde la despenalización en Ciudad de México en aquel año hasta junio del año pasado, se han realizado 277 mil 268 interrupciones legales del embarazo en la entidad.
Con ese histórico paso, docenas de activistas comenzaron a impulsar con más fuerza la Irrupción Legal del Embarazo a lo largo de toda la republica. La marea verde ha emprendido un paso decidido desde aquel momento clave.
Pero, el avance ha sido lento a causa de la postergación de los distintos gobiernos, acumulando una deuda que aún debe ser saldada en su totalidad. Tan solo en Puebla el aborto fue despenalizado el 15 de julio de año pasado, después de que colectivas poblanas lucharan a través de movilizaciones, campañas y propuestas de modificación a la ley.
Aún cuando estas propuestas fueron frenadas en numerosas ocasiones, después de que, en 2023, la Suprema Corte de Justicia declara como inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, el acceso no podía ser pospuesto por más tiempo.
Hasta ahora son 23 estados los que han despenalizado el aborto: CDMX, Campeche, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Coahuila y Yucatán.
Restan 9 estados, además de numerosas mejoras en el acceso libre y seguro en las entidades en las que ya ha dejado de ser criminalizado, pues la estigmatización continúa presente tanto para quienes desconocen los procesos médicos como por el mismo personal de salud. Sin contar que el procedimiento aún es, en su mayoría, centralizado y/o privado.
