Un informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) ha puesto de manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que ha sufrido la comunidad trans en la Ciudad de México entre 1965 y 1990. Este documento, titulado “Fue el Estado (1965-1990)”, detalla cómo las políticas represivas del gobierno mexicano llevaron a una persecución sistemática de las disidencias sexo-genéricas, en un contexto marcado por una narrativa de seguridad nacional que justificó la violencia estatal. Esta parte del informe del MEH fue omitida por la Secretaría de Gobernación al igual que una amplia sección del informe conjunto del MEH.
Contexto Histórico y Violencia Generalizada
El Estado mexicano implementó políticas de contrainsurgencia que catalogaron a las personas trans como «enemigos internos». Esta categorización facilitó una serie de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Las mujeres trans fueron particularmente vulneradas, enfrentando violencia diaria y sistemática, así como la desprotección y desahucio de sus hogares y su dignidad, estas mujeres debieron luchar con la negación de su identidad tanto en el ámbito doméstico como público.
Los expertos señalan que los circuitos de represión del Estado, sus instituciones y agentes realizaron operativos sistemáticos y estratégicos dirigidos a la extorsión y detenciones arbitrarias:
“Algunas víctimas fueron sometidas a formas de existencia concentracionaria en centros de detención en las que la violencia sexual y la tortura fueron determinantes. Las desapariciones forzadas y las desapariciones forzadas transitorias junto con las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios, los lesbofeminicidios y los transfeminicidios con la exposición de los cuerpos sin vida de las mujeres en la vía pública fueron las expresiones más extremas de esta violencia”.
Extorsión y Abusos en Centros de Detención
Los testimonios de sobrevivientes describen un entorno donde las mujeres trans eran sometidas a abusos físicos, sexuales y simbólicos por parte de agentes del Estado, en contubernio con otros poderes fácticos. La impunidad prevalecía, ya que muchas víctimas no podían denunciar estos crímenes debido a su situación económica y social.
A su vez, el MEH destaca que los cuerpos policiales, y cuerpos especiales como el Grupo Jaguares que operaba bajo el mando de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal (DGDPyT), durante el mandato de Arturo «el Negro» Durazo, actuaron de la mano de de empresarios y medios de comunicación y prensa como “Alarma” .
En este mismo sentido, expone que en contextos de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de odio, que son crímenes de poder, se busca imponer la supremacía del género dominante castigando la insubordinación, mediante el abuso físico y la violencia simbólica.
Uno de los mecanismos más recurrentes que abonaban a la extorsión de los grupos sexo diversos, y particularmente dirigido a las mujeres trans fueron las razzias, que eran pesquisas masivas, arbitrarias y violentas en contra de estos grupos. Este tipo de violencia fue la más documentada por los medios de comunicación de la época con la finalidad de estigmatizar a estas personas y como una forma de adoctrinamiento moral. Creando una campaña de odio y normalización de la violencia hacia las mujeres trans, exponiendo su imagen de manera amarillista mediante fotografías en dónde aparecían golpeadas y “vestidas” en montajes planificados de antemano en muchos de los centros de detención a dónde eran trasladadas las víctimas.
Uno de estos centros de detención fue Tlaxcoaque. Particularmente cruel, sirvió como centro de tortura de la DGPyT para amagar en contra de cualquier disidencia o persona que lo fuera o que lo pareciera, entre ellos: la niñez en situación de calle, trabajadoras sexuales, a las personas sin techo, disidentes políticos y sexo-genéricos y a las personas que cometieron diversos delitos. Tlaxcoaque se convirtió en un sitio de detención que formó parte del circuito contrainsurgente y se utilizó para disciplinar e infundir miedo a los sectores de la población que representaban una amenaza para el régimen.
El documento explica que si bien este centro de detención era un sitio legalmente registrado, en su interior ocurrieron las más atroces violaciones a derechos humanos y a la dignidad de las personas ahí recluidas como consta en varias de las desgarradoras entrevistas realizadas a las supervivientes por parte del MEH.
Tlaxcoaque se ganó el mote de “Cuartel de la represión” y estuvo en funcionamiento entre 1957 y 1985. En ese lugar, en su sótano y en sus celdas, las violaciones sexuales -en ocasiones multitudinarias-, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las desapariciones forzadas transitorias, entre otros abusos eran perpetradas por la policía de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), un grupo especial dirigido por Fernando Sahagún Baca, otro de los responsables señalados en las entrevistas y quien rindiera cuentas al mando de la DGPYT a cargo de Durazo Moreno.
Las víctimas de estas detenciones nunca firmaron un registro, ni una declaración, ni eran presentadas ante el Ministerio Público, sucediendo las más atroces violaciones a derechos humanos en una absoluta falta de debido proceso y en una impunidad total.
Dentro de estas instalaciones las mujeres trans sufrieron vejaciones a las que ellas mismas les tuvieron que poner nombre “El vaporazo”. Una tortura en la que cerca de las 5 de la mañana las mujeres eran empapadas con agua helada dentro de las celdas en que se encontraban despojadas de sus prendas, para después ser arrojadas a la intemperie, muchas de las sobrevivientes cuentan como sus compañeras sufrieron neumonía y morían allí mismo o no las volvían a ver.
Las humillaciones perpetradas por estas entidades estatales no se limitaban solo a los centros de detención; toda la ciudad, especialmente lugares boscosos como el Ajusco, así como ríos y carreteras, se convirtieron en vertederos ilegales donde las mujeres trans eran agredidas. Luego, eran abandonadas a su suerte tras ser utilizadas o, lamentablemente, sus cuerpos eran desechados sin que nadie los reclamara, de manera parecida a cómo muchas historias trágicas similares terminan hoy.
Resistencia y Organización Social
Hacia 1978 aparece el Movimiento de Liberación Homosexual (MLH) que al igual que otras organizaciones en Estados Unidos o Europa, buscaron adherirse a movimientos de izquierda para hacer valer sus demandas dentro de un marco de reclamo general contra la represión sexual y política, de esta forma muchas agrupaciones de la diversidad sexual buscaron afiliarse con partidos como Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), al igual que dentro de distintas organizaciónes sindicales. Lo anterior se explica debido a un componente de clase en la visión y base de estos movimientos.
El punto más álgido de las persecuciones y de la violencia sistematizada de las razzias llegó el 8 de mayo de 1980, cuando diversas organizaciones pertenecientes al MLH convocaron a una concentración en la Plaza Tlaxcoaque. En dicha concentración llevada a cabo incluso bajo riesgo, se dirigió una carta al propio Arturo Durazo Moreno, mismo que se reproduce en el informe del MEH en el que se lee:
Si bien la represión policíaca siempre ha existido, se ha recrudecido en los últimos tres años de su gestión como jefe de la DGYPT. Ella se lleva a cabo especialmente contra la clase trabajadora y con saña particular contra los homosexuales, los travestis y las prostitutas […]. Pedimos a usted C. General de División, Arturo Durazo Moreno que, en su calidad de Jefe de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, ordene la inmediata y permanente suspensión de las redadas policíacas contra los ciudadanos del Distrito Federal.
Dicha carta fue firmada por tres de las agrupaciones más importantes que conformaban el MLH y entregada a distintas autoridades. Lejos de cesar la represión, esta se extendió por toda la nación, replicando las formas de operar de la DGPYT. Sin embargo, este hecho fue un parteaguas en la lucha de los derechos de las personas sexodiversas en México fortaleciendo el reclamo por la libertad de expresión y organización frente al terrorismo de Estado.
Cabe recalcar que gran parte del trabajo de investigación en este caso particular, realizado por el MEH tuvo que basarse en documentos de prensa existentes en la época y en las declaraciones de las sobrevivientes que se niegan al día de hoy a olvidar a sus compañeras víctimas del odio y del Estado. No hay datos ni registros del número de mujeres trans desaparecidas en este periodo, por desgracia aparte de padecer la persecución, hostigamiento y violencia generalizada por parte de los cuerpos represivos del Estado, también se enfrentaron desde el rechazo y la exclusión hasta la violencia sexual en el ceno familiar desde temprana edad, limitando el acceso a los derechos basicos de las infancias y adolescencia trans.
El informe del MEH revela un oscuro capítulo en la historia de la Ciudad de México. La violencia y la impunidad que sufrieron las mujeres trans son un recordatorio de la lucha continua por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Así, se hace un llamado a la sociedad para reconocer y exigir justicia por quienes fueron y son víctimas de un sistema que las margina y vulnera.
Puede descargarse el informe completo aquí
Exigencia de Justicia
La marcha del orgullo LGBTTTIQ+ del pasado junio de 2023, marcó un hito importante al exigir justicia por las víctimas del pasado y del presente. Este informe busca dar visibilidad a una historia oscurecida por el silencio y la omisión, resaltando la necesidad urgente de reconocer y reparar los daños sufridos por la comunidad trans en México.
Este llamado a la acción es crucial para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género.
