Mostrando 29 casos, Centro Prodh denuncia tortura sexual a mujeres en México

Con la documentación de 29 casos de sobrevivientes de tortura sexual en México desde 2006 hasta 2015, el Centro Prodh se suma a la lucha por la libertad de estas mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hizo público su informe «Mujeres con la frente en alto: Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del estado» en el que denuncia este crimen en el país con la documentación de casos de 29 mujeres sobrevivientes de tortura sexual por parte, presuntamente, del ejercito mexicano,la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la policía de Tamaulipas, Coahuila, Estado de México, Veracruz y Sonora.

El informe «Mujeres con la frente en alto» del Centro Prodh inicia recordando momentos históricos en los que se ha torturado sexualmente a mujeres en México tales como la Guerra Sucia, el levantamiento zapatista de 1994, la militarización de regiones indígenas después de la alternancia, la represión a movimientos sociales (Texcoco y San Salvador Atenco) y la Guerra contra el Narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón. Precisando que los 29 casos en los que se profundiza en este informe pertenecen, en su mayoría, al último periodo mencionado.

Si bien, el informe se centra en las violaciones a los Derechos Humanos cometidas hacia 29 mujeres a partir de 2006, son más mujeres sobrevivientes las que se visibilizan en este informe. Tal es el caso de BALG, quien junto con su familia fue desaparecida de manera forzada por elementos de la «Brigada blanca» durante la Guerra Sucia, las hermanas Gonzáles Pérez y su madre Delia Pérez quienes fueron detenidas arbitrariamente y posteriormente fueron víctimas de tortura sexual para que confesaran ser parte del ejercito zapatista, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega mujeres del pueblo me´phaa sobrevivientes de violación sexual por parte de elementos del Ejército mexicano, caso por el que el Estado Mexicano fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras mujeres sobrevivientes.

Respecto a los casos de las 29 mujeres en los que se centra el informe, se tratan de detenciones en 13 estados de México ocurridas entre 2006 y 2015 a mujeres acusadas de haber cometido delitos de alto rechazo social y que fueron privadas de la libertad. Estos casos fueron elegidos porque la información dada al centro podía ser comprobada por medio del expediente, a su vez los integrantes del centro Prodh buscaron que en el total de casos a documentar existiera un equilibrio respecto a la entidad federativa, instituciones involucradas y el tipo de delito.

A lo largo de este documento, en las primeras tres partes, se explica qué es tortura sexual, en que formas puede presentarse, su relación con la discriminación en razón de género y esto se ejemplifica con los casos documentados, a su vez se profundiza en las consecuencias a nivel personal y social. Centrándose en el estigma y daño que permanece en las víctimas y que en muchas ocasiones no es atendido.

La cuarta parte está dedicada a la respuesta del estado mexicano abordando lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el actuar del personal de la Procuraduría General de la República y procuradurías locales desde que las mujeres presentaron su declaración tras ser detenidas hasta la filtración de material a medios de comunicación y la validación y encubrimiento hacia la tortura sexual de la que habían sido víctimas estas mujeres.

A su vez se da cuenta de las pruebas ilícitas presentadas en los procesos penales, de la falta de respuesta del Poder Judicial a los alegatos de tortura sexual , la carencia de perspectiva de género en el juzgamiento y las omisiones por parte de las comisiones de Derechos Humanos.

Por último, en la quinta parte, se realiza una recopilación de los hallazgos respecto a las detenciones arbitrarias, la tortura sexual, omisiones para garantizar la salud de las mujeres, el encubrimiento o participación de la PGR, las pruebas ilícitas en los procesos penales, las omisiones jurisdiccionales, la falta de investigación al delito de tortura y sobre el actuar de las Comisiones de Derechos Humanos.

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