Lo de Teuchitlán horroriza. Y no se puede dejar de pensar que el “descubrimiento” (sic) de ese campo de exterminio, el cual, se supone, fue también centro de entrenamiento para una organización criminal transnacional, ocurre justo al momento en que el gobierno de Estados Unidos ha clasificado como grupos terroristas a varios cárteles mexicanos, como parte de una estrategia para desaparecer el Tratado de Libre Comercio y entrar en una segunda etapa de la Guerra Fría, lo que en los hechos derivará en la aplicación de la Doctrina Monroe recargada.
Esta mañana, en la llamada Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha reconocido la imposibilidad de que las atrocidades cometidas en el Rancho Izaguirre fueran ignoradas por las autoridades municipales y estatales, pero cabe preguntar si también pasaron desapercibidas para la institución que él dirige, máxime que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional liberó ahí a dos personas, enfrentando a sus captores. Lo que entonces informó la fiscalía, pero de Jalisco, es que los 10 mil metros cuadrados del inmueble rebasaban la capacidad de exploración de esa institución estatal. ¿Por qué no se pidió entonces apoyo a la Federación?, ¿por qué la FGR no lo ofreció?
En sentido estricto, lo que sucedía en ese sitio que rememora a Auschwitz, no fue un hallazgo sino una delación, pues los Guerreros Buscadores han dicho que recibieron una llamada que les alertó y por eso acudieron a descubrir lo inenarrable: prendas y otros artículos personales de centenas de víctimas, tres hornos crematorios y despojos calcinados, amén de elementos indicativos de que ahí también se entrenaba para la violencia letal.
Los analistas coinciden en que el rancho ubicado en la comunidad de La Estanzuela -a sólo 65 kilómetros de Guadalajara- era utilizado para adiestrar a jóvenes reclutados o privados de su libertad, para convertirlos en milicianos al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación -sobre el que pesa la categoría de “Grupo Terrorista” impuesta por el Departamento de Estados Unidos- a fin de combatir a asociaciones delictivas rivales. En esa lógica, se presume que las personas asesinadas con métodos de usanza nazi fueron aquellas que no resultaron “aptas” (sic) para esa ni ninguna otra tarea del giro criminal.
¿Cuántos campos de exterminio y entrenamiento habrá en el resto del país?, ¿cuántos serán conocidos y consentidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno? Seguramente estas cuestiones jamás serán respondidas con la verdad, pero es un hecho que casos macabros como el de Teuchitlán no son extraños, por desgracia -baste mencionar la masacre de San Fernando-, pero éste ocurre justo en un momento en el que el gobierno mexicano se encuentra a merced de las presiones y chantajes de Trump, quien usa al narcotráfico como principal activo de ofensiva.
Teuchitlán alimenta la categoría de terrorismo impuesta por Trump
