Con 27 mil 442 firmas reunidas, la propuesta ciudadana para la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos en la Ciudad de México, por fin está lista para discutirse como inicitiva prioritaria por el Congreso local, mismo que tiene hasta el 27 de febrero para decidir sobre la aprobación o no de esta propuesta.
Con dichas firmas, la iniciativa impulsada por organizaciones animalistas como «Cultura sin tortura» y «Movimiento México sin toreo», ya logró lo suficiente para su discusión, con 0.35 por ciento de la Lista Nominal, según los datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Y es que cabe recordar que la actual Ley de Protección y Bienestar Animal prohíbe actos de maltrato animal, pero excluye expresamente los espectáculos taurinos, por ello la propuesta busca eliminar esta excepción y prohibirlos explícitamente, argumentando que la violencia hacia los animales no debe ser parte de la cultura.
Con anterioridad, el líder del Partido Verde, Jesús Sesma, habría expresado su apoyo a la prohibición, afirmando que su partido aboga por la protección total de los seres vivos no humanos.
Esta postura se alinea con el creciente movimiento en varias entidades del país donde ya se han prohibido las corridas de toros, entre ellas Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa; mientras las leyes de protección animal no permiten los espectáculos taurinos en Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Tabasco.
A partir de la fecha de aprobación, el Congreso de la Ciudad de México contará con un plazo de 45 días para revisar la iniciativa, durante te el cual deberá someterá a análisis y votación en comisiones previo a enviarse al Pleno.
Cuando ello ocurra, será la consideración de los 66 diputados miembros quienes definan si se aprueba o no la propuesta ciudada que busca extinguir el maltrato animal y prohibir los espectáculos públicos, privados e itinerantes con animales.
Cabe recordar que la iniciativa fue presentada formalmente el 1 de septiembre de 2024 y ha sido reconocida como preferente por el IECM, lo que obliga al Congreso a discutirla en el plazo establecido.
