En sesión de comisión permanente del Congreso de Puebla, se definió ya a los tres aspirantes a ocupar el cargo de fiscal de justicia del estado, para un periodo próximo de 7 años: Idamis Pastor Betancour, Pedro Federico Bermúdez Tepox y Fernando Iván Castillo Pérez, quienes fueron seleccionados de entre un total de 11 aspirantes.
Los tres candidatos serán evaluados el próximo viernes 20 de diciembre en una comparecencia pública programada para el mediodía en la nueva sede del Congreso, ubicada en la zona de Los Fuertes. Cada aspirante tendrá aproximadamente una hora para exponer sus propuestas y responder preguntas de los diputados locales y representantes de los ocho partidos políticos con registro en Puebla, bajo el escrutinio de la prensa.
Tras la comparecencia, los diputados realizarán una sesión para elegir al próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien estará al frente de la institución por los próximos siete años.
Villegas niega favoritismo e injerencia del gobernador
En entrevista, el diputado Andrés Villegas, de Morena, rechazó categóricamente las acusaciones de que el gobernador Alejandro Armenta Mier está favoreciendo a Idamis Pastor Betancourt en el proceso. «Contrario a lo que se ha señalado, el gobernador no ha ejercido ninguna influencia sobre la selección del próximo fiscal. Este es un proceso transparente que sigue la ley, sin dedazos ni favoritismos», afirmó Villegas.
El legislador también enfatizó que será responsabilidad de los aspirantes convencer a los partidos representados en el Congreso, incluidos Morena, PT, PVEM y Fuerza por México. «No hay preferidos. Cada grupo presentó una propuesta y escucharemos a los candidatos. Será un ejercicio democrático en el que deberán demostrar su idoneidad», añadió.
Villegas destacó que las sugerencias que más se han considerado hasta ahora provienen del secretario de Gobernación, Samuel Pala, y del titular de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez. Sin embargo, insistió en que el proceso no se verá influido por presiones externas. «Aquí se actúa bajo la ley, y cualquier otra interpretación es errónea», sentenció.
