Mamás activistas exigieron al Congreso de Puebla legislar en torno a la violencia institucional y, afuera de las puertas cerradas de la Fiscalía Especializada en Délitos de Género, enfatizaron que seguirán denunciando las violencias de esta dependencia.
Continuando con las protestas iniciadas el 25 de noviembre, cuando mamás activistas denunciaron afuera de CECOFAM y de las instalaciones del Poder Judicial a funcionarios que ejercen violencia institucional, este 10 de diciembre las activistas de Sorora Mujer en Desarrollo y Colectiva por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia alzaron la voz afuera del Congreso del Estado de Puebla y de la Fiscalía Espacializada en Investigación de Délitos de Violencia Género Contra las Mujeres exigiendo la legislación en torno a la violencia institucional y el cese de omisiones y agresiones por parte de la Fiscalía Especializada en Délitos de Género.
Este martes a las 9:30 de la mañana las activistas protestaron frente al Congreso de Puebla portando pancartas con los nombres de 47 funcionarios señalados de ejercer violencia institucional. Explicaron que estas protestas iniciadas el 25 de noviembre de este año forman parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género que propone la ONU. En el caso de estas dos colectivas que se han unido, mencionaron que su propósito es pedirle a los tres poderes del estado un alto a la violencia institucional.
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«Señoras y señores diputados nos urge que legislen en torno a la violencia institucional. No es posible que tengamos que seguir soportando la violación constante de derechos por parte de las instituciones»
Por lo que urigieron a diputadas y diputados legislar en torno a este tipo de violencia. Así como implementar mecanismos de prevención, investigación y sanción hacia todos los funcionarios que se han convertido en agresores de víctimas a las que deberían proteger y garantizarles justicia. Gabriela Rosas, vocera de la Colectiva Por el Derecho al Cuidado, enfatizó que estaba representando a tres de sus compañeras que por seguridad tuvieron que dejar el estado. Señalando la deuda que tienen las personas legisladoras con la protección de derechos de mujeres e infancias.
«Este estado les debe, les debe mucho y ustedes también les deben. Les deben instrumentos eficaces, que legislen, que realmente cumplan con su obligación, que protejan sus derechos, que las protejan a ellas».
Tras protestar, al rededor de 30 minutos afuera del Congreso del Estado, la funcionaria Viviana Vázquez de Atención Ciudadana salió a recibir a las activistas. Terminando el diálogo, Gabriela Rosas refirió a medios de comunicación que ellas solicitan la existencia de un mecanismo que incluya a la sociedad civil para monitorear y dar seguimiento a casos de violencia institcuional. Añadió que un representante de la diputada Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que les agendaría una cita con ella. La activista enfatizó que para ellas resulta importante que diputados y diputadas escuchen a las víctimas antes de legislar.
Fiscalía Especializada en Delitos de Género cierra las puertas a mamás activistas
Cumpliendo su consigna de exigir a los tres poderes del estado un alto a la violencia institucional, las activistas se dirigieron a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género. Donde incluso antes de que pudieran acomodarse afuera de la institución para dar su mensaje, policías cerraron las puertas de la dependencia. Las activistas condenaron este acto afirmando que estaban ejerciendo la violencia que ellas denuncian.
«Venimos a denunciar violencia institucional y nos responden con más violencia institucional negándonos el acceso a la justicia, ni si quiera les hemos dicho a qué venimos».
Las activistas recordaron que el Poder Judicial tuvo la misma respuesta el pasado 25 de noviembre, pues también les cerraron las puertas. Enfatizaron que con estas acciones las autoridades reflejan las vulneraciones continuas que comenten al defender violentadores, al guiarse por sus prejuicios y al actuar careciendo de perspectiva de género e infancias. Al leer su comunicado, una de las madres activistas enfatizó que la Fiscalía Especializada en Délitos de Género es la que más invalida las denuncias de mujeres, infancias y adolescentes.
Tras nombrar a los 47 funcionarios y funcionarias que han ejercido violencia institucional, incluyendo a la titular de la dependencia que les cerró las puertas, Margarita Garcidueñas; las activistas precisaron que en esa lista faltaban nombres sin embargo, afirmaron, que una de las principales vulneraciones que cometen los funcionarios es no presentarse por lo que no pueden identificarlos.
Después de tocar la puerta de la Fiscalía por más de 10 minutos, sin recibir respuesta, las activistas dejaron en la entrada una carta solicitando el diálogo con Margarita Garcidueñas. Por último, recalcaron que no fueron recibidas y afirmaron que ellas van a seguir trabajando y continuarán denunciando las violencias que cometa esta dependencia.
