Bélgica se ha convertido en el primer país en otorgar contratos de trabajo formales a les trabajadores sexuales, equiparándoles en derechos laborales a cualquier otro empleado.
La ley, aprobada en mayo y en vigor desde el pasado domingo, garantiza acceso a seguro médico, licencias por maternidad, beneficios por desempleo y pensiones para quienes ejerzan esta actividad bajo un contrato laboral.
La legislación busca combatir el abuso y la explotación dentro de la industria del sexo, brindando mayor seguridad y estabilidad a las personas que la integran.
Asimismo, los empresarios del sector deberán cumplir con estrictos protocolos de seguridad, ofrecer condiciones laborales adecuadas y no tener antecedentes penales relacionados con delitos sexuales o trata de personas.
Entre las medidas obligatorias figuran el suministro de ropa de cama limpia, preservativos y productos de higiene, así como la instalación de botones de emergencia en los espacios de trabajo.
Sin embargo, no todo el sector está cubierto. La ley excluye a empleados del sector pornográfico y quienes ejercen en plataformas en línea, una limitación que algunos consideran discriminatoria. También se señala que los migrantes en situación irregular seguirán siendo vulnerables y sin protección social.
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han expresado preocupaciones sobre el posible incremento de la demanda y la perpetuación de la explotación de mujeres en el sector. «La ley puede normalizar una actividad que sigue siendo fuente de violencia y abuso para muchas», afirman sus críticos.
Aunque la medida es vista por muchos como un avance histórico en derechos humanos y laborales, el debate sobre sus implicaciones éticas y sociales está lejos de cerrarse.
