Los pobladores de la región Mixe de Oaxaca exponen que la marca de mezcal de la conductora Paola Rojas incurre en apropiación cultural.
Después de que en redes se expusiera la difusión de la campaña de un mezcal comercial con el nombre Mixes apoyado por la conductora de televisión Paola Rojas, el gobernador del estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz anunció que solicitará a las autoridades correspondientes el retiro de la marca de los sitios e ventas por apropiación cultural indebida no sólo de un elemento cultural, sino del nombre de un pueblo originario.
El mandatario también añadió: “es una grosería que Paola (Rojas) diga ‘mezcal Mixes de Paola Rojas’, es una grosería, ni sabe, hacer uso de estos elementos es un insulto como bien lo comentan nuestros hermanos de la región Mixe, por ello el acompañamiento, y vamos a pedir que se cancele esa marca”.
El caso también fue comentado por las autoridades municipales de la región mixe, remarcando que, en otras ocasiones, empresarios se han acercado a las comunidades, pero el caso de la marca de mezcal de Paola Rojas, que se use el nombre de la región y sea una bebida elaborada por la gente de Oaxaca, lo vuelven un caso de apropiación cultural que implica una afectación a sus productores por ser una bebida originaria.
Por su parte, la conductora de televisión Paola Rojas difundió desde sus redes sociales un mensaje en el afirma que el mezcal Mixes es propiedad de una marca de productores oaxaqueños (Industrias Mayahuel) que le pidieron apoyo para promocionar la bebida; además, aseguró que la marca no está registrada a su nombre.
Inmediatamente, los representantes de los pueblos mixes respondieron diciendo: “En la región se fabrica mezcal y es una ofensa a nuestros productores (…) Como representantes del pueblo, no estamos de acuerdo. Se están prostituyendo nuestros elementos hereditarios, no es sólo un nombre, son nuestras formas de vida y cotidianidad, estamos interesados en que se investigue a fondo esta situación para que no vuelva a suceder”.
Del mismo modo, el gobierno del estado ha iniciado un proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que no se puedan usar propiedades materiales o inmateriales de los pueblos originarios como lo es su nombre.
