El gobierno de Estados Unidos justificó la incautación de un buque petrolero vinculado a Venezuela, asegurando que será llevado a un puerto estadounidense para confiscar formalmente su cargamento.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que existe una orden del Departamento de Justicia que avala el procedimiento, pese a que el operativo militar en el Caribe fue calificado por Caracas como un acto de “piratería” y “robo descarado”.
La acción, dirigida contra una embarcación sancionada desde hace años, representa una nueva escalada en la presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo principal sustento económico es el crudo. Pese a las críticas internacionales, Estados Unidos sostuvo que no permitirá el traslado de petróleo que —según su versión— financia actividades ilícitas, argumento que suele emplear para justificar intervenciones unilaterales en la región.
Cuestionada sobre el verdadero objetivo de la operación —combate al narcotráfico o control del petróleo— la Casa Blanca evitó precisarlo y se limitó a señalar que su estrategia busca “varias metas” en el hemisferio occidental.
La reciente Estrategia de Seguridad Nacional refuerza esta postura, al colocar a América Latina y el Caribe como un escenario prioritario ante rivales geopolíticos como China, lo que ha sido interpretado por analistas como un intento de reposicionar la influencia estadounidense en la región mediante acciones de fuerza.
