El movimiento defensor del agua en Xoxtla, logró un triunfo jurídico en su lucha por la defensa del agua, luego de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó la suspensión provisional de las obras de perforación de los pozos Pavigi, 4 y 5, que eran realizadas por el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
La resolución judicial es resultado del amparo promovido por el Comité en Defensa del Agua de Xoxtla, encabezado por Pascual Bermúdez Chantes, quien informó que las excavaciones carecían de autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que se consideran ilegales. La dependencia federal confirmó que ninguno de los tres pozos cuenta con permisos vigentes de extracción, lo que refuerza las acusaciones de los pobladores.
De acuerdo con el comité, el conflicto comenzó en abril pasado, cuando la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, firmó un acuerdo con el SOAPAP para ceder parte del suministro hídrico a la ciudad de Puebla. El pacto se hizo sin el aval del cabildo ni consulta ciudadana, lo que desató el descontento entre los vecinos, quienes acusan a la edil de haber actuado “a espaldas del pueblo”.
El pozo 4, detallaron los inconformes, sería utilizado para extraer hasta 50 litros por segundo, de los cuales la mitad se destinaría a la capital del estado. En tanto, el pozo Pavigi, ubicado junto a una unidad habitacional, fue clausurado simbólicamente por los vecinos en mayo, en protesta por lo que consideran un intento de despojo del agua que pertenece a la comunidad.
Durante una asamblea pública a la que asistieron más de 500 personas, Bermúdez Chantes celebró la decisión judicial y precisó que la suspensión no afectará el abasto local, pues el tribunal ordenó dar mantenimiento a los pozos 1, 2 y 3, aún con capacidad para abastecer a la población.
“La suspensión no deja sin agua a nadie; al contrario, garantiza que el líquido se quede en Xoxtla”, señaló el activista.
En contraste, la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz no acudió a la asamblea ni ha emitido pronunciamiento alguno tras el fallo. Para los habitantes, el revés judicial representa un primer paso para frenar lo que califican como “una entrega silenciosa” del agua del municipio al SOAPAP.
“Queremos que se respete nuestro derecho al agua y que nunca más se tomen decisiones sin el consentimiento del pueblo”, advirtieron los asistentes.
