Por Aranzazú Ayala / Periodismo de lo Posible
Apenas 129 personas de la comunidad nahua de Tecoltemic, en la Sierra Norte de Puebla, lucharon durante años para que se cancelaran dos concesiones otorgadas por el gobierno, sin consultarles, a la minera canadiense Almaden Minerals, que amenazaban con desgajar cerros, envenenar el agua y borrarlos del mapa. Emprendieron una batalla legal y, contra todo pronóstico, ganaron.
Tecoltemic no tiene un letrero de “bienvenidos” ni señalamientos que indiquen su nombre. Para llegar hay que recorrer caminos que, desde lejos, parecen angostas serpientes abriéndose paso por el monte. Entre arbustos y magueyes, brotan algunas casas sobre la tierra y bajo el azul de un cielo despejado.
Ahí, en la Sierra Norte de Puebla, casi invisible, se ubica esta pequeña comunidad nahua de apenas 129 habitantes que logró lo impensable: expulsar a un gigante minero de su territorio.
Era el 22 de marzo de 2022, día en que las comunidades celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de cancelar las concesiones 219469 y 233434, correspondientes a los lotes mineros Cerro Grande y Cerro Grande 2, otorgadas a la empresa canadiense Almaden Minerals para explotar los minerales de la región en un proyecto que afectaba a Tecoltemic y a otras once comunidades vecinas del municipio de Ixtacamaxtitlán.
Las palabras de Itzel Silva, abogada de la organización Fundar, sonaron en la cancha de usos múltiples del ejido, cuyos alrededores están cubiertos de magueyes, manzanos y milpas entre marzo y septiembre:
“Esto sienta un precedente para Tecoltemic y para las comunidades de Ixtacamaxtitlán, pero también para otros pueblos y comunidades indígenas de México que han estado en pie de lucha por su territorio”.
El litigio inició siete años antes, en 2015, cuando el ejido de Tecoltemic, respaldado por comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y de la región, apoyado por las abogadas de Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, interpuso un amparo para cancelar las licencias.
Minera Gorrión, la filial mexicana de Almaden Minerals, tenía dos concesiones de más de 14 mil hectáreas en terrenos y cerros en los que, aseguran, hay un gigantesco yacimiento de oro y plata. Pretendían establecer una mina a cielo abierto para obtener el metal.
Desde su llegada, la empresa empezó a contratar a gente del lugar, a convencer a habitantes de vender sus terrenos y a difundir las supuestas bondades del proyecto.
La gente mayor del ejido recuerda que, ya desde finales de la década de 1990, sobrevolaban helicópteros en la zona y se decía que “eran mineros que estaban explorando” el área. Después, se enteraron de que la Secretaría de Economía había otorgado dos concesiones a la minera en 2003 y 2009. Para 2012, la empresa ya tenía presencia en Villa de San Francisco Ixtacamaxtitlán, la cabecera municipal, con oficinas y personal.
El origen de la resistencia
Thania Marreros, habitante de Tecoltemic, defensora del territorio y comunicadora comunitaria de 26 años, dice que la presencia de la mina atravesó toda su vida. Cuenta que aún no había nacido cuando la empresa ya hacía las primeras visitas de exploración y comenzaba a establecerse en las comunidades.
“La Secretaría de Economía dio los dos permisos o concesiones, como ellos les llaman. ¿Qué iba a pasar con nosotros o con nuestras tierras? ¿Quiénes eran esas personas que no se parecían a la gente de la región? Altos, blancos, moviéndose en camionetas blancas 4×4, siempre en grupo”, recuerda Thania.
Narra que desde un principio se violaron los derechos de la comunidad: nunca se realizó una sesión informativa y se transgredió el derecho constitucional a la tierra y al territorio, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre medidas que las afecten.
Tampoco hubo un acercamiento con los 129 habitantes para explicarles las consecuencias de un megaproyecto que utiliza una sustancia tóxica como el cianuro para separar los metales preciosos de la roca. Por el contrario, la minera fue introduciéndose en la vida cotidiana de los casi 26 mil habitantes del municipio serrano de Ixtacamaxtitlán.
La comunidad comenzó a notar su presencia sin tener información. Almaden Minerals negoció con el gobierno e inició trabajos sin advertir a los pobladores sobre los riesgos de una mina a cielo abierto: contaminación del agua y la tierra, afectaciones a la salud de humanos y animales.
Para la explotación se usarían alrededor de 38 mil toneladas de explosivos, generando gases de efecto invernadero y violando normas de seguridad por la cercanía con las viviendas. La mina requería 5 millones 300 mil litros de agua diarios durante los primeros cuatro años, cifra que aumentaría a 11 millones de litros diarios durante la década siguiente.
Los químicos empleados en la barrenación son altamente peligrosos, pues se escurren hacia barrancas, ríos y veneros, contaminando acuíferos, alterando manantiales y dejando a la comunidad sin agua para riego y cultivo.
Durante mucho tiempo, la minera compró la simpatía de la gente, dividiendo familias y comunidades. Otorgaba becas, materiales para obras públicas y organizaba viajes recreativos, mientras prometía empleos. Sin embargo, en 2016, un grupo de defensores viajó a Carrizalillo, Guerrero, donde opera una de las minas de oro más grandes del país, y ahí se disiparon sus dudas.
“En Carrizalillo vieron lo que podría ser nuestro futuro si no hacíamos algo”, dice Thania. “La minería a cielo abierto no se ve como la tradicional subterránea. Hoy se utiliza una gran cantidad de explosivos para fracturar los cerros desde dentro, volando árboles, animales, la vegetación, todo. Donde había un cerro, solo queda un profundo hoyo”.
“¿De qué sirve que nos adoquinen nuestras calles, nos las pongan bien, nos hagan casas? Si de aquí a mañana se van a quedar pueblos fantasmas, ¿por qué?”, se preguntaba Alejandro Marreros, líder del movimiento en Tecoltemic y tío de Thania.
En 2013, los doce pueblos de Ixtacamaxtitlán conformaron la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, lo que les permitió organizar comités y coordinar la defensa del territorio.
“Empezamos a sentirnos acompañados en una lucha que muchos pensaban imposible”, recuerda Thania.
La batalla en tribunales
Fue en 2015 cuando la comunidad nahua de Tecoltemic, respaldada por otros pueblos y organizaciones, decidió llevar la batalla al ámbito legal para retirar los permisos a la empresa.
El ejido presentó una demanda de amparo contra la Secretaría de Economía por haber otorgado las concesiones sin consulta previa, libre e informada, violando los derechos del pueblo indígena y argumentando la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Minera, al considerar que privilegia a las empresas por encima de las personas y del medio ambiente.
La abogada Diana Pérez explicó que estas concesiones, “que no son más que una simple hoja de papel, otorgan derechos sobre el uso del agua y la tierra, y dan preferencia a la minería por encima de cualquier otra actividad”.
Desde que la empresa recibió los permisos, realizó diversas actividades de exploración, lo que derivó en investigaciones por delitos ambientales y condicionamientos para respetar los derechos de los pueblos indígenas.
La reacción de la empresa fue ampararse para no cumplir con sus obligaciones, lo cual, según Pérez, “demuestra su incapacidad de mirar la importancia de la tierra y el territorio para los pueblos originarios de la Sierra Norte de Puebla. Pero no es sorpresa”.
El conflicto escaló mientras crecía la incertidumbre por la resolución. Los medios replicaban la versión de la minera, y los defensores eran criminalizados.
En febrero de 2022, la Primera Sala de la SCJN concedió el amparo a Tecoltemic. En julio, la Secretaría de Economía declaró las concesiones “insubsistentes”, es decir, canceladas. En febrero de 2023, la dependencia determinó que no era posible reotorgarlas por no ajustarse a la Ley Minera. Finalmente, en abril, el Juez Segundo de Distrito en Puebla confirmó el cumplimiento de la sentencia.
La comunidad celebró el triunfo con una gran fiesta: hubo barbacoa, mole, música, danzas y pulque. “Fue un momento muy emotivo que permitió reencontrar a toda la banda”, recuerda Thania.
Después de ser expulsada de Ixtacamaxtitlán, Almaden Minerals inició una demanda contra el Estado mexicano, reclamando una indemnización de 200 millones de dólares por la cancelación del proyecto. El gobierno federal comenzó un peritaje en la zona, mientras la comunidad insistió en que su lucha no era contra una empresa, sino por la vida y el territorio.
Como expresó la abogada Diana Pérez el día en que celebraron el triunfo de la lucha comunitaria: “La ley la hacen los pueblos y es para defender la vida. ¡Gracias, compañeros!”.
Esta historia es la versión escrita del pódcast “Puebla: La lucha de un pueblo por existir”, cuya investigación y guion fueron realizados por Radio Tsinaka. Forma parte de la serie “Periodismo de lo Posible: Historias desde los territorios” —proyecto de Quinto Elemento Lab, Redes A. C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital—.
