La FGE de Puebla, con apoyo de la Sedena, intentó ejecutar una orden de cateo en Tlachichuca. Personas encapuchadas —presuntamente ligadas a la familia González Vieyra— impidieron por segunda vez la diligencia. El operativo se enmarca en un proceso judicial que desde marzo de 2025 involucra a Uruviel y Giovanni González Vieyra, y a su padre, Ramiro González. La institución advirtió que continuará acciones jurídicas y recordó que “nadie está por encima de la ley”.
¿Qué pasó en Tlachichuca?
Durante la madrugada de este miércoles, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acudieron a inmuebles en Tlachichuca para cumplir una orden de cateo.
De acuerdo con la FGE, personas con el rostro cubierto impidieron el desarrollo de la diligencia, lo que repite un episodio similar previo. La autoridad condenó la obstrucción y anunció que mantendrá las investigaciones y acciones legales correspondientes.
Contexto: el caso de los hermanos González Vieyra
El operativo se conecta con la causa penal que desde marzo de 2025 involucra a los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra —entonces alcaldes de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) y Tlachichuca— y a su padre, Ramiro González, detenidos inicialmente por la FGE.
En ese despliegue, Ramiro González Vieyra (alcalde de San Nicolás Buenos Aires) logró fugarse con apoyo de pobladores. Posteriormente, fue capturado el 30 de mayo de 2025 y vinculado a proceso por delitos contra la salud, derivado de un cateo del 7 de marzo en un inmueble frente a la presidencia municipal.
En julio de 2025, la Secretaría de Gobernación estatal señaló que, pese a amparos promovidos, los González Vieyra no serían liberados al existir otras causas penales vigentes. Ello mantuvo abiertos los cateos y diligencias en propiedades de la familia.
Postura de la FGE
La FGE reiteró que prosigue con las indagatorias para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y deslindar responsabilidades por actos de obstaculización. La institución subrayó que ninguna persona está por encima de la ley.
