Reporte de desaparecidos en la CDMX arroja inconsistencias.
En México el problema de la desaparición de personas es de larga data, basta recordar los años de la llamada Guerra Sucia entre las décadas de los 60s y hasta los 90s, en dónde el Estado Mexicano tuvo implicaciones directas en las violaciones graves a derechos humanos, entre los cuales, la desaparición de personas era un mecanismo reiterado para desincentivar a organizaciones políticas y disidencias de toda clase como puede observarse en los recientes informes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
Sin embargo, Elena Azaola quien fuera exconsejera ciudadana de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, en su libro de este año titulado «La desaparición de personas en la Ciudad de México: ¿Quiénes son? ¿Dónde están?» reiteró que el fenómeno de la desaparición de personas ha sido particularmente dinamitado a raíz de la “Guerra Contra El Narco” durante el sexenio de Calderón, alcanzando proporciones desgarradoras que continúan hasta el día de hoy.
Azaola comienza su texto subrayando la seriedad del fenómeno de las desapariciones, que no solo provoca un dolor profundo en las familias afectadas, sino que también obstaculiza el desarrollo social y personal de miles de personas que se encuentran detrás de las estadísticas. La autora señala que las desapariciones tienen efectos que se transmiten de manera intergeneracional. El documento tiene como objetivo ofrecer una visión general sobre este fenómeno y examinar los obstáculos institucionales que han dificultado la localización de desaparecidos, así cómo sugerir medidas para mejorar el sistema de búsqueda en la CDMX.
¿Cuántos desaparecidos hay y quiénes son?
En el libro de Azaola, una de las principales preocupaciones es develar por un lado la falta de comprensión de los mecanismos que dan lugar a los distintos tipos de desapariciones, así como una falta de control estadístico.
Pese a que desde el 2013 existe un gradual avance en materia de desapariciones desde un punto de vista institucional en México, con la creación de la Ley General de Víctimas y posteriormente con la Ley General en materia de Desaparición Forzada y por Particulares en 2017, así como con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Estatales de Búsqueda entre 2018 y 2021, existen fuertes carencias en materia registros sistematizados, falta de cooperación entre los distintos organismos que conforman la CNB, así como entre los distintos niveles de gobierno o incluso dentro de las mismas dependencias.
Por lo anterior, la autora remarca la dificultad de estimar una cifra precisa ya que por un lado existen datos de desaparecidos y personas no reconocidas que mantiene la CNB y otros datos que guardan las Comisiones Locales u otros organismos como el INEGI o el INCIFO, que además tienen periodos de corte y conteo diferentes abonando a una falta de claridad y coordinación en los datos que resulta francamente abrumadora para los familiares de los desaparecidos a la hora de buscar a sus seres queridos, igualmente se vuelven datos difíciles de manejar para especialistas e investigadores que requieren tener una base de datos sistematizada.
Pese a lo anterior, la autora menciona algunos datos preocupantes: En abril del 2024 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la CNB sostuvo que existen 115,759 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional. Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 6 de julio de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reportó que en la Ciudad de México se registraron un total de 8,961 personas desaparecidas, de las cuales 4,461 aún no han sido localizadas. En este periodo, el 57% de las personas desaparecidas son hombres y el 43% son mujeres.
La autora destaca que pese a estas cifras, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México tiene su propio registro arrojando una cantidad de desaparecidos bastante menor de 3425 personas desaparecidas, esto puede deberse según Azaola a que no todas las personas con un ser querido desaparecido se dirigen a esta institución para reportarlo; en su lugar, lo informan a la Fiscalía, que es la entidad que proporciona información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la CNB.
Otro punto a destacar es que existen muy pocos datos cualitativos recabados respecto a la forma en que las personas desaparecen o las motivaciones a que son orilladas, ello aunado a la fragmentación institucional, abona a que no se hagan las búsquedas ni se encuentren a los desaparecidos de forma oportuna mermando las posibilidades de encontrar a las víctimas.
Lo anterior se traduce en una mayor frustración para los familiares. Azaola destaca que desde su investigación se encontraron al menos 18 causas distintas por las que una persona desaparece, desde engaños mediante redes sociales y juegos en línea que prometen una vida de lujos a corto plazo, en dónde las victimas son primordialmente adolecentes, hasta la trata de personas en dónde las victimas sobre todo son mujeres menores de veinticinco años, existen hombres que se fugan por evadir un delito o por haber formado una familia nueva o personas en edad avanzada que se pierden.
Dentro de este universo de 18 modalidades que expone en su libro, acota la autora que estas “no pretenden ser un recuento exhaustivo de todos los tipos de desaparición, son meros ejemplos que muestran su gravedad y diversidad”. Los contextos locales juegan un papel que no ha sido tomado en cuenta en la conformación de políticas públicas específicas para el trato de Personas desaparecidas y no localizadas.
Mientras que en algunos estados de la república particularmente en la zona norte del país, así como recientemente en Guanajuato, Zacatecas y Jalisco las desapariciones se relacionan directamente con enfrentamientos entre grupos delictivos o entre éstos y fuerzas gubernamentales, en la Ciudad de México el uso de medios electrónicos para llevar a cabo desapariciones ha aumentado. Además, existen casos más complicados que igualmente involucran a grupos delictivos o a fuerzas policiales y del orden público. No obstante, estos incidentes ocurren en menor medida en comparación con otras regiones del país.
¿A dónde van los desaparecidos?
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según se detalla en el documento, recibió un promedio mensual de 457 casos de desaparición entre 2019 y 2023, de los cuales se resolvieron aproximadamente 246. Esto implica que anualmente se reportaron 5,484 personas desaparecidas, de las cuales 2,952 han sido localizadas, ya sea con vida o sin ella.
La FGJ sigue en proceso de depurar sus datos para determinar el número de personas que siguen desaparecidas y cuántas de ellas efectivamente han sido localizadas, sin embargo, señala la especialista, estas instituciones al igual que otras dependientes del Estado, “no han empeñado todos sus esfuerzos para hacer posible que las familias encuentren a sus seres queridos desaparecidos”
Debido a lo anterior, Azaola incorpora datos relevantes de los Servicios Forenses de la CDMX, dependiente del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) mismos que detalla son de difícil acceso, debido a que aún no se reconocen como documentos de dominio público, “aunque debieran serlo” señala.
Entre estos datos, en la CDMX el Módulo de Fosas Comunes registró un total de 3309 cuerpos o restos humanos depositados en fosas comunes, específicamente del Panteón Dolores, cifras que arrojan un promedio de 2.4 restos que terminan en una fosa común de la CDMX, no deja de sorprender, subraya la autora, que este dato coincide con el número creciente de desaparecidas.
El INEGI señala que durante el 2021, 359 cuerpos no fueron inhumados, sino puestos al resguardo de instituciones forenses o educativas, el dato resulta relevante en la investigación puesto que no señala el paradero final de dichos cuerpos y sobre todo debido a que “esos 359 representan el 35 % del total de los 1 138 cuerpos que a nivel nacional se reportaron en tal condición”.
Algunas recomendaciones
El citado texto, urge a las instancias gubernamentales a implementar modificaciones específicas a fin de abordar las deficiencias actuales y facilitar la localización de las víctimas.
Entre estas recomendaciones se destacan la creación de un Registro único de Personas Desaparecidas y No Localizadas en la Ciudad de México, aprovechando las capacidades de la Agencia Digital de Innovación Pública, institución del gobierno de la Ciudad que también forma parte del Sistema de Búsqueda.
También subraya la necesidad de la cooperación y coordinación en las tareas comunes de búsqueda de desaparecidos entre las diferentes instancias involucradas, así como de cada uno de los funcionarios que operan en ellas. La interconexión de bases de datos que lograra que en tiempo real se registren las personas que ingresan a la INCIFO, para dar cuenta si alguno de estos cuerpos coincide con la descripción de alguien desaparecido; la implementación de protocolos estandarizados, el fortalecimiento de las capacidades institucionales en términos materiales y humanos, entre otros puntos.
El texto completo puede descargarse de forma gratuita desde el portal de Publicaciones El Colegio de México.
