Después de una batalla legal que se extendió por cuatro años, habitantes de Unión Hidalgo, Oaxaca —también conocida en zapoteco como Ranchu Gubiña— obtuvieron una resolución definitiva que ordena la instalación y funcionamiento de una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con servicio médico las 24 horas y una ambulancia disponible.
El fallo, emitido por un Tribunal Colegiado Federal, representa un avance significativo en el ejercicio del derecho a la salud, especialmente para poblaciones vulnerables como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. La gestión legal fue encabezada por el despacho Regalado & Galindo Abogados, que informó públicamente el resultado favorable a través de su representante Edward Martín Regalado.
Según explicó el abogado, el proceso legal se inició en 2021, en pleno contexto de la pandemia por COVID-19, cuando se detectó que, aunque el ISSSTE reportaba oficialmente la operación de una clínica en Unión Hidalgo y asignaba recursos presupuestales anuales para su mantenimiento, dicha unidad médica no existía en la práctica.
Con el respaldo de un grupo de docentes activos y jubilados, se promovió un juicio de amparo con el objetivo de materializar el derecho constitucional a una atención médica digna. Aunque el equipo jurídico obtuvo una victoria inicial en primera instancia hace dos años, el Gobierno Federal apeló la decisión. Finalmente, el tribunal confirmó en definitiva la resolución, obligando al cumplimiento de la sentencia.
Durante el proceso, se denunció que el entonces director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda —hijo del exgobernador Heladio Ramírez López y aspirante político en Oaxaca— difundió imágenes en redes sociales que pretendían mostrar la supuesta operación de la clínica, lo que resultó ser falso. A raíz del amparo, se apresuró la construcción y apertura parcial del inmueble, aunque posteriormente cerró por falta de financiamiento.
Edward Regalado subrayó que este logro jurídico se suma a cerca de 500 casos ganados de forma gratuita por su firma, y destacó el papel del Poder Judicial en la defensa de los derechos humanos. La sentencia marca un precedente en la exigibilidad del derecho a la salud en comunidades marginadas.
