El día de ayer, la fiscal general de Estados Unidos (EUA), Pam Bondi –en conferencia de prensa, junto con Robert Murphy, director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)– arremetió contra los migrantes que se encuentran en su país, acusándoles sin pruebas de ser sus trabajadores en la nación vecina.
«En muchos casos, los migrantes ilegales están haciendo el trabajo de los cárteles en nuestra comunidad» señaló la fiscal estadounidense, pronunciamiento que realizó sin pruebas.
Añadiendo que «se solía usar a los migrantes para pasar fardos de marihuana» y que «ya no es el caso debido al aumento de drogas más rentables».
Estos pronunciamientos se realizaron en el contexto en el que habían presentado los resultados de la «Operación Recuperemos Estados Unidos» dónde hablaron del decomiso de fentanilo, metanfetaminas, y fentanilo.
Así como también el decomiso de 10 millones de dolares en criptomonedas ligadas supuestamente al Cártel de Sinaloa, al igual que armas de fuego automáticas en distintas partes de EUA.
«Vamos tras ellos y los vamos a eliminar. No descansaremos hasta que el público esté seguro nuevamente» declaró Bondi, añadiendo que se acabara con las «organizaciones terroristas extranjeras», haciendo referencia a los cárteles mexicanos.
Por su parte, Robert Murphy, admitió que «los cárteles (mexicanos) operan en cada rincón de Estados Unidos» pero que a pesar de ello, se dedican a combatirlos.
Las declaraciones han sido sumamente criticadas, principalmente porque se realizaron sin la presentación de alguna prueba al respecto. Por otro lado, una vez más se criminaliza a la comunidad migrante, una que trabajad e manera digna y a pesar de ello es explotada y perseguida por los grupos ultras y el gobierno fascista de Donald John Trump.
Otra de las críticas es que, aunque siguen arremetiendo en el discurso contra los «grupos terroristas mexicanos», en los hechos, siguen negociando con sus líderes, por ejemplo, con Ovidio Guzmán López, el líder del Cártel de Sinaloa, quien logró acceder a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Finalmente, activistas, redes y medios han exigido a la fiscal de Estados Unidos que no realice estos pronunciamientos sin pruebas y tan a la ligera, acciones que ponen en riesgo — aún más— a la comunidad migrante, misma que sufre diversos ataques de manera constante.
Sin pruebas, Pam Bondi incrimina a migrantes de trabajar con cárteles
