En crímenes de Estado, SEGOB encubriría al Ejército

En crímenes de Estado, SEGOB encubriría al Ejército

La historia de México está atravesada por un periodo sombrío conocido como la Guerra Sucia, que se extendió desde la década de 1960 hasta la de 1990. En esos años, miles de personas sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, violaciones, desplazamientos forzados, torturas de variada índole, así como asesinatos, perpetrados por distintos agentes del gobierno en todas sus escalas, involucrando la participación u omisión de  militares, funcionarios públicos, así como otros grupos fácticos, paramilitares y policiales, entre otros, a lo largo y ancho del territorio nacional.

Dentro de este marco, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) ha realizado un arduo trabajo junto con otras organizaciones civiles, así como con agencias y especialistas relevantes en materia de Derechos Humanos a lo largo de casi tres años dando por resultado un extenso y profundo informe titulado  «Fue el Estado (1965-1990)», publicado el 30 de septiembre de 2024, dicho trabajo consta de alrededor de 6000 páginas en total y recaba la historia de  8594 víctimas, 11743 violaciones graves a derechos humanos, 46 masacres y 123034 desplazamientos forzosos.

El citado informe se basa en una investigación exhaustiva que incluyó testimonios de diversas víctimas y análisis de documentos históricos tanto privados como públicos, una metodología rigurosa que incluyó no menos de 148 viajes de campo. La idea de este proyecto surge en el 2021, con la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVEH) como un grupo de trabajo destinado a investigar y emitir informes relativos a las violaciones graves de los derechos humanos, a fin de conocer la verdad, impulsar la justicia, reparar de manera integral a las víctimas y promover el derecho a la memoria.

El MEH fue integrado principalmente por cuatro especialistas en dos equipos: el ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro, Fernández Dávalos, el director de la organización Tlachinollan, Barrera Hernández y el profesor investigador del CIDE, Pérez Ricart, a cargo de documentar la  violencia contra organizaciones y personas disidentes de los órdenes político, social y moral así como por políticas públicas, tanto de índole económico como para el combate al narcotráfico y control de la delincuencia común. El otro equipo, fue liderado por la investigadora de la UNAM, Eugenia Allier, se encargó de investigar organizaciones político-militares en regiones urbanas, movimientos estudiantiles y movimientos laborales-sindicales.

Desde un inicio, se dieron roces entre los dos grupos, siendo que Eugenia Allier reservó gran parte de la investigación (alrededor de 2000 páginas) hasta tener el visto bueno por parte de las autoridades de la SEGOB, por lo que la investigación en su conjunto se retrasó de vista al público causando inconformidad principalmente con familiares de las víctimas. Aunque el equipo del COVEH se pretendía independiente, estuvo supeditado por temas de presupuesto, tiempos de entrega y censura en algunos archivos custodiados por el Ejército para la realización de la investigación. 

Pese a estos desencuentros  entre el equipo, así como de los problemas inherentes a la propia investigación y comunicación de resultados, el trabajo conjunto ata cabos sueltos en el periodo comprendido durante los treinta años de la Guerra Sucia. Haciendo énfasis en la manera en que la represión del Estado se abocó no solamente en contra de los grupos insurgentes o revolucionarios, sino que aplicó una estrategia de represión generalizada contra todo movimiento/cuerpo disidente a manera de disciplinamiento social.

El trabajo del MEH atraviesa las historias de distintas víctimas de la represión estatal y muestra las graves consecuencias que esto acarreó para muchos grupos disidentes, entre los que se enmarcan 11 grupos principales, que han sido invisibilizados hasta el día de hoy, de los cuales SEGOB omite nueve. Entre ellos: Personas disidentes sexuales; El informe del MEH recupera valiosos testimonios y evidencias que enmarcan las opresiones sistémicas de las que han sido objeto personas homosexuales, transexuales, travestis y lesbianas.

Se señala como las instancias policiacas arremetían de forma violenta y sorpresiva los centros de reunión de la comunidad LGBTTTIQ+, con casos documentados de tortura, violación, desaparición forzada ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado interno, entre otras. Se subraya el papel protagónico que tuvieron agentes de la Policía Judicial, entre los años 1975-1989 en la CDMX perpetrando crímenes contra mujeres trans a quienes violaron, torturaron y asesinaron en los sótanos de lo que fuera la Dirección de Policía y Tránsito del D.F.para después exponer los restos de estas personas a ras de calle.

Otro grupo detectado tras la investigación del MEH fueron los Movimientos Urbano Populares en el norte del país, donde comunidades precarizadas fueron víctimas de hostigamiento, desplazamiento forzoso, tortura y ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, quienes desalojaron y destruyeron vivendas de autoconstruccion en Baja California entre la década de los setenta y ochenta del siglo pasado. Tras dichos acontecimientos “Cartolandia” se volvería un espacio privilegiado para la construcción de grandes centros comerciales.

Refugiados en la frontera sur, fueron otras víctimas del Estado. En Chiapas, durante 1993 cuarenta hombres armados ejecutan y tiran en el bosque a dos  ambulantes guatemaltecos y a cuatro campesinos mexicanos. Se documenta la incursión de tropas guatemaltecas en Chiapas al año siguiente dejando entre siete y ocho ejecuciones y actos de violencia político sexual tras su paso.

Poblaciones que se oponen a proyectos o políticas públicas de desarrollo. Pueblos originarios o indígenas: purépechas, tzeltales, tzotziles, choles, zoques y mixes, así como colonos mestizos, han sido víctimas de la represión estatal y de violaciones graves a sus derechos humanos, como consta tras los eventos ocurridos en 1980 en Huitupán, Chiapas cuándo el ejército hizo un cerco militar sobre más de 14000 personas a fin de asegurar la construcción de la planta hidroeléctrica de Itzantúm. Los líderes comunitarios de los ejidos afectados fueron ejecutados y sus cuerpos tirados al mar desde helicópteros, a manos de los militares.

Sin ser exhaustivo en los ejemplos, otras disidencias que recibieron tratos similares y han sido documentados con rigor en el informe del MEH, han sido las disidencias religiosas; las disidencias al interior de las fuerzas armadas; los grupos vulnerables por condición socioeconómica; las personas víctimas de violencia en el contexto del combate al narcotráfico; lxs trabajadxrxs sexuales, los periodistas críticos, entre otrxs. Gracias a este aporte se ha visibilizado un gran espectro de violencia institucionalizada escasamente documentada a la fecha, abriendo el camino para futuras investigaciones y para dar respuestas claras y palpables a los familiares de las víctimas por parte del Estado.

Sin embargo, la SEGOB redujo toda la investigación a un resumen ejecutivo de escasas ocho páginas, descartando la mayoría de la investigación realizada, así como las recomendaciones que el MEH hizo en materia de Derechos Humanos. Esto implica en términos prácticos que se borrara cerca del 50% de los testimonios de las víctimas y de la información recopilada por el grupo de expertos en la materia, quienes denunciaron la censura. 

Los expertos apelan a que el cambio de administración en la presidencia de la república pueda reparar en materia y dar continuidad a un proyecto que procura dar voz a miles de personas reprimidas y violentadas por parte del Estado mexicano, y que han sido omitidas deliberadamente en el informe pasado a días de terminar la administración de AMLO. 

Los miembros del MEH denunciaron que tras la salida de Encinas, la SEGOB intentó manipular, censurar y omitir información en el proceso de investigación. Particularmente grave es el hecho de que Arturo Medina subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) abiertamente expresara que “hay cosas con las que la SEGOB no está de acuerdo” en torno a la investigación, e incluso admitir que se descarta información por “exceder” los propósitos del Informe al llegar a documentar actos que son más recientes.

El documento titulado: Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico Fue el Estado (1965-1990)  mostraba recomendaciones explícitas sobre cada apartado, así como factores de persistencia en torno a las violaciones graves a derechos humanos, que fueron omitidas en el último informe de la SEGOB a raíz del desencuentro con Medina y sus declaraciones.

El MEH realizó un llamado al nuevo poder ejecutivo de retomar los trabajos de la COVEH del que forman parte, con miras a que se reconozca plenamente el trabajo de investigación así como a todas las víctimas omitidas, que fueron vulneradas por el Estado.