julio 12, 2025 8:32 am
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Comandante marinista que torturó a Lydia Cacho queda libre

Un tribunal federal liberó a Juan Sánchez Moreno, al determinar que no existen pruebas suficientes para vincularlo con los actos de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Los magistrados resolvieron por unanimidad que no se comprobó su participación, directa ni indirecta, en los hechos ocurridos en 2005, tras la publicación del libro “Los demonios del Edén”, donde Cacho denunció una red de explotación sexual infantil con presuntos vínculos políticos y empresariales.

El fallo fue emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Quintana Roo, el pasado 4 de julio de 2025.

En la resolución se establece que, tras un análisis integral de las declaraciones de testigos y del dictamen psicológico practicado a la víctima, no se acreditó la intervención de Sánchez Moreno, ni de manera directa ni como autor mediato —a través de terceros—, en los hechos.

El tribunal aclaró que los actos considerados como tortura fueron cometidos directamente por otros actores, sin evidencia de que el excomandante los haya dirigido o incitado.

El caso

Juan Sánchez Moreno fue detenido el 30 de abril de 2019 por una orden de aprehensión por su presunta participación en la tortura de Lydia Cacho. Fue ingresado al Centro de Reinserción Social Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, y tres días después, el 3 de mayo, se dictó prisión formal en su contra.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) lo acusó junto con otros seis implicados, entre ellos el ex gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres y el empresario José Kamel Nacif Borge.

Todos enfrentaron cargos por los hechos ocurridos en diciembre de 2005, cuando la periodista fue arrestada en Cancún y trasladada a Puebla tras la publicación de su libro.

En enero de 2020, un juez federal dictó una primera sentencia de cinco años tres meses de prisión para Sánchez Moreno, la cual fue modificada por un tribunal de apelación en abril de 2021.

En esa resolución, se aumentó la pena a siete años seis meses, se le impuso una multa de 15.417,50 pesos, inhabilitación por 15 años para desempeñar cargos públicos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, además de la obligación de reparar el daño a la víctima.

El excomandante promovió el amparo directo 76/2022, mismo que fue resultó a su favor por el tribunal.

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