Combatir de manera frontal a los diez cárteles más peligrosos del país, es uno de los principales objetivos que plantea la Estrategia de Seguridad del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante sus primeros 100 días de gobierno, el Ejecutivo federal se habría comprometido a disminuir la incidencia delictiva de grupos criminales que operan en distintas localidades del territorio nacional.
Entre ellas, se encuentran el Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Los Arellano Félix, La Familia Michoacana, de Los Beltrán Leyva, Cartel de Santa Rosa de Lima, Los Rusos, del Noreste y Cartel Nueva Plaza.
Como plantea el documento «Estrategia de Seguridad de los primeros 100 días», entre los objetivos se encuentra neutralizar a los generadores de violencia y redes criminales, para lo cual se dará atención en zonas con alta incidencia delictiva.
Además, se buscará un combate al tráfico de drogas, principalmente del fentanilo, así como el control de armas de fuego y al lavado de dinero de grupos criminales.
Entre las estrategias que se tienen contempladas para lograr estos objetivos, destaca el fortalecimiento de inteligencia e investigación, movilización en carreteras y vías generales de comunicación, y el establecimiento de las 10 fuerzas de tareas conformadas por las instituciones de seguridad.
Estas últimas estarían conformadas por instituciones de seguridad que cuenten con los recursos tecnológicos, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mismas que actuarían por medio de actividades de investigación que deriven en judicializaciones.
Entre las ciudades que estarían mayormente beneficiados, pues a la actualidad son los de mayor presencia de los cárteles, están Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Colima y Cajeme en Sonora.
Como estipula el documento publicado por el actual gobierno, con ello se lograría consolidar una pacificación del país que, eventualmente, mejoraría la percepción ciudadana sobre el respaldo del gobierno ante hechos violentos.
