La clase política poblana no gozará de inmunidad para ser criticada en la digitalidad, pues el Congreso del Estado de Puebla alista una modificación al artículo 480 del Código Penal para evitar que las disposiciones contra el llamado “ciberasedio” sean utilizadas como una herramienta que limite los señalamientos y reclamos ciudadanos hacia funcionarios públicos.
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugiriera cambios a las enmiendas para garantizar que no se protegerá de increpaciones a servidores públicos, la diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Legislativo local, aseguró que las modificaciones se concretarán antes del 15 de julio, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
García Chávez indicó que las reformas se plantean en respuesta a los señalamientos públicos, entre ellos los realizados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien instó a clarificar la norma para garantizar que no se aplique en perjuicio de la libertad de expresión. La legisladora enfatizó que el Congreso dará puntual atención a este exhorto y destacó que es fundamental diferenciar entre el combate al acoso digital y la censura a la crítica pública.
La morenista explicó que, tras la realización de foros ciudadanos sobre esta reforma, se recabaron suficientes comentarios que respaldan la necesidad de precisar que el ciberasedio está dirigido a proteger a civiles, especialmente menores de edad, y no a blindar a figuras del servicio público. En este contexto, se prevé introducir nuevas disposiciones que dejen fuera a los servidores públicos de la posibilidad de invocar esta figura penal en su favor.
Además, García Chávez recalcó que la reforma original buscaba salvaguardar a los sectores más vulnerables frente al hostigamiento digital, pero reconoció que la redacción generó incertidumbre sobre su posible uso político. Ante ello, subrayó que el objetivo es mantener el acceso a la justicia sin poner en entredicho los derechos ciudadanos, especialmente el de expresar libremente opiniones sobre asuntos de interés público.
La legisladora puntualizó que, una vez concluidos los foros programados hasta el 1 de julio, se instalarán mesas de trabajo con diputados de todas las fracciones para consensuar las nuevas modificaciones. Insistió en que el proceso será un ejercicio legislativo responsable y sin tintes partidistas, centrado en escuchar a la ciudadanía y en ajustar la norma para evitar malentendidos.
Finalmente, reiteró que la iniciativa legislativa no busca resguardar a los funcionarios del escrutinio público, sino asegurar que el marco legal no sea utilizado para limitar la libertad de prensa o de expresión en redes sociales, elementos clave en una democracia funcional.
