En rueda de prensa, el Secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz informó que en Puebla 4 mil personas privadas de la libertad permanecen sin sentencia pues tienen uno o más procesos jurídicos abiertos.
En Puebla se mantienen 4 mil personas privadas de su libertad en penales del estado sin sentencias debido a que tienen uno o más procesos jurídicos abiertos, lo que representa más de la mitad del total de la población penitenciaria, alrededor de 7 mil 200 reclusos.
El secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, dijo este lunes en la rueda de prensa que encabezó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que estos datos podrían variar pues el Poder Judicial es quien tiene las cifras correctas de los casos.
Por ello, consideró que “es ahí” donde luego se duplica el tema de la parte informativa, pues hay algunos de los presos que apenas se les está formulando imputación por algún delito que cometieron, pero a la vez cuentan con otros procedimientos que se están resolviendo.
“En el tema de las sentencias, yo he sido respetuoso de ser preciso, sé que son más de 4 mil los que están en espera, de un universo de 7 mil 400, pero hay algunos que tienen tres o cuatro procesos, que en algunos están ya concluidos con sus juicios y otros no, el Poder Judicial es el que tendría mayor certeza”.
El funcionario estatal aprovechó para informar que la mayoría de reclusos que se encontraban en los ceresos municipales que fueron cerrados apenas el mes pasado como Tetela de Ocampo, Zacatlán, Chignahuapan y Tecali de Herrera, fueron reubicados a Puebla capital, en el penal de San Miguel.
Otros más fueron dirigidos al cereso de Tepexi de Rodríguez y una minoría de ellos a los reclusorios de Huauchinango, Tlatlauquitepec y Xicotepec, ya que en estos tres últimos se hizo un estudio técnico en el que se determinó que no tienen sobrepoblación y era adecuado el traslado.
Penales que fueron cerrados
Es de resaltar que la semana pasada se dio a conocer el cierre definitivo de siete cárceles en el interior del estado, como son Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, que sufrieron afectaciones desde septiembre del 2017 a causa del sismo.
Mientras que en el caso de Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán se tuvieron que cerrar porque estaban en malas condiciones físicas, aunque los inmuebles son propiedad de los municipios y éstos son los que decidirán qué uso tendrán.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, para tener un financiamiento adecuado, se firmó un Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos con 70 municipios donde hay personas privadas de su libertad (PPL). Esto con el fin de otorgar los recursos al gobierno estatal con lo que se dará certeza a las administraciones municipales sobre el destino de la inversión financiera que aportaron.
