En el segundo y último día del foro ciudadano sobre la Ley de Ciberseguridad, realizado en el Congreso de Puebla, periodistas, activistas, ciudadanía y otros sectores manifestaron su preocupación por la narrativa utilizada para justificar las reformas al Código Penal del estado. Denunciaron que, si bien se argumenta que la ley busca proteger a infancias y mujeres, ya existen normativas para cumplir de mejor manera con ese objetivo.
Patricia Méndez, integrante de la Red de Periodistas de Puebla, señaló durante su intervención: “Les hacemos un llamado a los legisladores a no desviar el discurso y el objetivo de esta ley hacia la protección de los niños. Los invitamos a que no desvíen la atención hacia ese tema”. En esa lógica, subrayó que ”el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del cual forma parte la administración federal, emitió en abril pasado un comunicado en el que aclara que los temas de ciberacoso y ciberasedio, tal como los han presentado los ponentes, no están contemplados en el Derecho Penal mexicano. Además, hizo un llamado a que se legisle al respecto”.
“Preguntamos si un tema tan delicado pudo haberse legislado en una semana. Es imposible legislar sobre esto en tan poco tiempo. Invitamos a no desviar la discusión hacia la protección de niños y mujeres”, aseveró.
Desde la Red de Periodistas, también exigieron: “La derogación total de esta ley de ciberasedio, pues consideramos que todos los conceptos incluidos son ambiguos y fueron legislados al vapor”.
Por su parte, la periodista Samantha Páez Guzmán, también integrante de la Red de Periodistas, expresó:
“Nos parece, como ya lo dijo Patricia Méndez, muy bajo por parte de diputadas y diputados escudarse en la protección de infancias y mujeres, cuando deberían saber que ya existen otros instrumentos legales que protegen esos derechos”. Y añadió: “Las leyes de acceso a una vida libre de violencia, tanto estatal como federal, ya incluyen la violencia digital, y pueden ser aplicadas en los casos que ustedes nos vinieron a presentar y en otros más”.
Páez advirtió que se está “sobrerregulando” una serie de delitos, lo cual generará más carpetas de investigación sin resolver, que no traerán justicia a las víctimas y que tampoco se considera apoyo para los posibles victimarios, como jóvenes infractores.
Samuel Vera Cortés, también de la Red de Periodistas, exigió la derogación de la ley y alertó que podría provocar censura y autocensura tanto en la ciudadanía como en la prensa, debido a la incertidumbre sobre qué contenidos pueden o no publicarse.
Luis Moreno, representante de Artículo 19, señaló que la ley: “Es censura, claro que es censura. Establece una severa afectación a la libre expresión. No solo afecta al ejercicio periodístico o a la prensa, sino a cualquier persona”, agregando que “cualquier persona que denuncie en redes sociales, que exprese opiniones o manifestaciones en el ámbito digital, podría ser denunciada si alguien se siente ofendido, insultado o agraviado”.
El activista, afirmó que esta norma representa “un retroceso de al menos 20 años”, ya que desde hace dos décadas organismos internacionales como la ONU y el sistema interamericano han recomendado al Estado mexicano no establecer este tipo de leyes. Indicó que el ámbito civil ya contempla figuras como el daño moral, regulado en el Código Civil, que podría abordar estos casos.
Además, la consideró inconstitucional y afirmó que no superaría el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), a través de su director interino, José Flores, señaló que la nueva ley y sus artículos: “Son incompatibles con la Constitución. La modificación de los artículos, en particular el 258 y el 480, criminalizan figuras como la usurpación de identidad y el ciberasedio, utilizando definiciones vagas y antiguas. Esto deja en la incertidumbre a las personas usuarias de plataformas digitales, quienes podrían ser perseguidas penalmente”.
El activista, conocido en X como «@padawan», explicó que el artículo 258 Ter, por ejemplo, podría ser utilizado para perseguir el uso de sátira y parodia en internet, lo que representa una amenaza política a expresiones protegidas por la libertad de expresión, como la caricatura política, la crítica y la parodia. El magistrado Juan Jesús Gutiérrez Estrada, del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, advirtió que la ley recientemente aprobada en el Congreso local en materia de ciberasedio, incluida en el artículo 480 del Código Penal del estado, requiere modificaciones para impedir que sea empleada como un instrumento para limitar de forma indebida la libertad de expresión.
“La ley ya está vigente y eventualmente a nosotros, desde el Poder Judicial, nos puede llegar una investigación del Ministerio Público sobre este delito; será ahí donde el juez ponderará estos derechos: la libertad de expresión frente a la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas”, sentenció.
