La exedil Irene Olea Torres enfrentará juicio por intimidación a exfuncionarios y periodistas; el delito de falsificación aún no ha sido vinculado.
Irene Olea Torres, expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación, derivado de señalamientos realizados por tres testigos protegidos que la acusan de amenazas durante su administración.
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el juez federal Jorge Eduardo Ramírez Téllez determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso por intimidación, pero no así por falsificación de documentos, al considerar que este delito requiere ejecución material directa por parte de la imputada.
Los testimonios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) detallan presiones ejercidas a trabajadores del ayuntamiento para alterar documentos oficiales, situación que se habría vinculado con la detención de las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López en marzo de 2023. Sin embargo, según el juez, estas pruebas no fueron concluyentes para establecer responsabilidad directa en la falsificación de los documentos.
La periodista Michelle Hoyos, una de las víctimas en el caso, anunció que apelarán la decisión judicial, argumentando que existen 49 pruebas que acreditan la manipulación de documentos y declaraciones. Asimismo, denunció haber sido revictimizada durante la audiencia y alertó sobre el riesgo que representa para su seguridad la libertad provisional de Olea Torres.
De acuerdo con el fallo, el proceso continuará con una fase de investigación complementaria de dos meses, en la que se podrían presentar nuevas pruebas. Mientras tanto, las medidas cautelares solicitadas para restringir la cercanía de la exalcaldesa con las víctimas y testigos aún están pendientes de resolución.
Seis exfuncionarios municipales, entre ellos policías y un juez, permanecen prófugos, y otros implicados deberán comparecer en audiencias programadas para julio, donde se definirá si se celebrarán juicios o se optará por mecanismos alternativos como la reparación del daño.
El delito de intimidación por el cual se vinculó a Irene Olea podría derivar en una pena de uno a siete años de prisión, según el Código Penal Federal.
