junio 8, 2025 3:11 am
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Olea, citada por la FGR para declarar sobre tortura a periodistas

La ex edil de Izúcar de Matamoros, Irene Olea se le acusa también de delitos relacionados como falsificación de documentos y abuso de autoridad durante su administración en el municipio de la región de Puebla.

Tras dos años de la agresión cometida contra las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López (actual directora de SICOM), la ex munícipe de Izucar de Matamoros, Irene Olea Torres fue citada a comparecer ante la justicia por diversos su probable implicación en diversos delitos como la falsificación de documentos, actos de tortura y violaciones a los derechos humanos al ejercer censura contra las periodistas durante su administración.


La cita para su comparecencia ante la justicia esta programada para este próximo lunes 9 de junio a la una de la tarde en las inmediaciones del Centro de Justicia penal federal ubicado en el penal de San Miguel en la ciudad de Puebla.


La imputación formal del delito se dio a través de la Fiscalía General de la República y la especializada en la atención de delitos relacionados contra la libertad de expresión.


Esta semana, una de las víctimas, la periodista local Michelle Hoyos posteo a través de su cuenta personal de X (antes Twitter) “por fin la autora intelectual de nuestra tortura ha sido llamada a rendir cuentas ante la ley”, sentenció.

De acuerdo a los testimonios del caso, el pasado 10 de marzo de 2023, ambas periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, hermanas; durante su cobertura por las conmemoraciones del 8M en el municipio de Izúcar de Matamoros, fueron detenidas arbitrariamente por policías locales en dicha demarcación, llevadas a la subcomandancia donde fueron víctimas de agresiones físicas, tocamientos lascivos y amenazas.


Los uniformados justificaron su actuar, refiriéndose entonces a la “jefa”, la alcaldesa Irene Olea Torres, había ordenado las detenciones de las periodistas.


Actualmente, seis servidores públicos (cinco policías y un juez cívico) se encuentran bajo prisión preventiva justificada, mientras otros cinco enfrentan procesos legales.


A la exservidora pública, Irene Olea además se le atribuyen dos carpetas de investigación adicionales, como encubrimientos de los sucesos, declaraciones falsas ante la autoridad y documentos apócrifos. A pesar del exhorto emitido hace una semana, la Casa de Justicia de Izúcar no ha notificado formalmente a la exedil.

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