Kseniia Petrova es una joven científica rusa de 31 años de edad, quien se mudó de Rusia a Estados Unidos (EUA) huyendo por la guerra Ucrania – Rusia, rápidamente se incorporó a un laboratorio de biología en la Facultad de Medicina de Harvard en 2023, pero después, en febrero del año en curso, fue detenida por el ICE y ahora amenazan el gobierno del «país de las libertades» con entregarla a sus persecutores.
Algunos de sus compañeros de laboratorio han declarado que Petrova les comentó sus preocupaciones por las políticas migratorias de Trump, por su activismo y la nación de la que provenía.
A la hora de cambiar de Rusia a EUA, Petrova se sorprendió del desarrollo tecnológico, inclusive declaró para The New York Times: «sentí que había encontrado el trabajo de mis sueños. Estados Unidos era un paraíso para la ciencia. Todo florecía. Había libertad de expresión: conferencias, seminarios. No se parecía en nada al entorno que había dejado atrás en Rusia, donde las sanciones internacionales impedían la disponibilidad de suficientes suministros para realizar experimentos».
¿Qué le llevó a huir de su país? Bueno, en más de una ocasión Kseniia se manifestó en contra de la guerra. La científica declaró que debido a su activismo: «en una ocasión rechacé una oferta de trabajo condicionada a que dejara de protestar contra la guerra en Ucrania. Tras ser arrestada por participar en una protesta, huí del país, sabiendo que no podría seguir viviendo ni trabajando como científica allí».
Desde 2023 hasta febrero de 2025 —cuándo la detuvieron—, trabajó en distintos proyectos en la universidad más prestigiada de Estados Unidos, declarando que: «en mi laboratorio en Harvard, trabajé con un microscopio que llamamos NoRI (abreviatura de Imagen Raman Normalizada). Este microscopio, creado en nuestro laboratorio, es el único en el mundo. Lo que lo hace único es su capacidad para medir la composición química de las células con una precisión asombrosa y novedosa, ofreciendo nuevos conocimientos sobre las enfermedades y el envejecimiento que algún día podrían allanar el camino hacia una vida más saludable, y tratamientos para enfermedades como el Alzheimer y el cáncer».
Pero todos esos estudios y avances científicos y de salud se tuvieron por no haber declarado la posesión de embriones de rana, con lo que fue detenida inmediatamente, le cancelaron su visa J-1 y desde ese momento —hace ya tres meses— espera saber qué harán con ella, mientras la han amenazado con su deportación a Rusia.
Ahora Estados Unidos incrementa la ofensiva contra la científica, ya que el pasado miércoles la acusaron de contrabando, por el cual podría ser deportada.
Kseniia ya ha admitido que no declaró los embriones, inclusive Gregory Romanovsky, quien es su abogado, ha señalado que la falta que ha cometido solo tendría que tener como consecuencia una multa y no la campaña que han emprendido en su contra.
Ante la nueva acusación, Romanovsky ha declarado que: «presentada tres meses después de la supuesta infracción aduanera, tiene claramente la intención de hacer que Kseniia parezca una delincuente para justificar sus esfuerzos por deportarla», «casi inmediatamente después de la audiencia, nos sorprendió la publicación de una denuncia penal sin fundamento», añadiendo que: «el momento en que Kseniia fue trasladada de la custodia del ICE a la custodia penal es especialmente sospechoso porque ocurrió justo después de que el juez fijara una audiencia para ser puesta en libertad bajo fianza».
Por su parte, Christina Reiss, jueza jefa del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Vermont cuestionó a la defensa legal de EUA: «¿Dónde tiene autoridad por sí mismo un agente de aduanas y de la patrulla fronteriza para revocar una visa?» Añadiendo «Tiene que estar en alguna parte. Porque no hay forma de que esa persona tenga una especie de determinación ilimitada».
En esa misma audiencia, la jueza Reiss cuestionó a Hartman, el representante legal de EUA: ¿Están pidiendo su expulsión a Rusia? A lo que Hartman contestó: «sí, su señoría».
Ahora se ha programado una nueva audiencia para finales de mayo, en la que se discutirá sí puede o no acceder a fianza, con lo que la defensa de Petrova espera que la jueza Reiss le permita seguir su proceso en libertad.
En el caso de ser encontrada culpable por tráfico la pena sería de máximo 20 años de prisión o una multa de hasta 250 mil dólares, pero no la deportación.
El caso de Petrova ocurre mientras el ultraderechista Donald Trump aumenta sus políticas contra la comunidad migrante, el activismo y la comunidad científica, lo que ha puesto los ojos de la comunidad sobre este caso, lo cual podría dar una nueva dimensión al gobierno represivo.
Finalmente, se señala sí Kseniia Petrova es deportada a Rusia, puede ser encarcelada por su gobierno, o inclusive morir bajo su custodia, como les ha pasado a otras y otros opositores tanto de Putin como de sus políticas.
EUA quiere entregar a Petrova, científica rusa, a sus perseguidores
