La muerte de Jonathan Osiel Osorno Martínez, un adolescente, casi niño, de 14 años, que se dedicaba a lavar coches, fue internado por la fuerza en un centro de rehabilitación en la colonia San Nicolás en León, Guanajuato, después de ser detenido ilegalmente por policías municipales, ha provocado indignación y reclamos de su familia, quienes denunciaron que hubo negligencia y abuso por parte de las autoridades, por lo que exigen justicia y transparencia en la atención del caso.
De acuerdo a la información que se tiene hasta el momento, las arbitrariedades iniciaron el pasado 16 de abril, cuando Jonathan fue arrestado cerca del Monumento a la Madre, presuntamente por portar un cigarro de marihuana. Los agentes lo presentaron ante los Juzgado Cívicos y, de acuerdo a la ficha técnica, fue esta misma instancia la que determinó que se le remitiera a la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas y Niños Adolescentes (PAPNNA), la cual, al no localizar a sus familiares, lo trasladó al centro «La Derrota A.C.», supuestamente acreditado para atender adicciones en adolescentes. Sin embargo, el 3 de mayo, el menor fue reportado sin vida en dicha institución con una causa preliminar de muerte por asfixia, que, de acuerdo a la versión que dieron las autoridades, fue autoinfringida.
Por su parte, su familia asegura que jamás fue notificada sobre su internamiento, y que supieron su paradero hasta que recibieron una llamada para que acudieran a identificar su cuerpo en una funeraria privada y no en el Servicio Médico Forense.
«No nos dejaban verlo y querían entregarlo cremado. Al insistir encontramos golpes en sus costillas, un ojo morado y una marca delgada en el cuello que no coincide con un suicidio» señaló Laura Ledesma tía de Jonathan Osiel, en una entrevista al medio de comunicación Zona Franca
Inconsistencias en el caso
Cabe resaltar que existen inconsistencias en los datos registrados en los documentos oficiales, por ejemplo: En lugar del deceso aparece dos direcciones distintas y, pese a que el fallecimiento del menor fue a las 6:00 horas, a la familia le notificaron que fue después de las 2:00. Además, la Fiscalía de Guanajuato no ha compartido detalles completos de la autopsia ni del expediente, aunque ya confirmó el inicio de la investigación.
Autoridades evitan responder sobre lo ocurrido.
Autoridades involucradas han respondido con evasivas. El Secretario de Seguridad Pública, Jorge Gullen Rico, evitó aclarar si el traslado al anexo seguía los protocolos necesarios, mientras que Claudia Magdalena Aviña Bueno, titular de PAPNNA, defendió que la decisión de internar al menor en «La Derrota» fue autorizada por la CONASAMA, tras un llamado del Juzgado Cívico al no localizar a red de apoyo familiar. Pese a esto, sus familiares sostienen que jamás fueron contactados para brindar apoyo.
Mientras tanto, el Ayuntamiento ofreció apoyo funerario a la madre de Jonathan; la familia exige una investigación profunda que demuestre la responsabilidad de la policía y del personal de centro y de PAPNA en la muerte del adolescente.
«Jonathan no puede hablar, pero nosotros sí. Queremos la verdad», concluyó Ledesma.
El caso ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de protección a menores y la situación de vulnerabilidad y la supervisión de centros de rehabilitación, cuestionando si las instituciones priorizan los procedimientos sobre los derechos humanos. La Fiscalía estatal enfrenta ahora la presión social para garantizar la justicia y evitar que muertes como la de este chico queden impunes.
