El pasado viernes, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su onceavo «Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México», correspondiente al año 2024, y en este documento Puebla destaca como un «foco rojo», al haber acumulado un total de cuatro ambientalistas asesinados y otras 14 víctimas no mortales en nueve episodios de agresiones. Esto le coloca en el segundo lugar de ataques contra ambientalistas, empatando con Chiapas y Michoacán y siendo superada únicamente por Oaxaca, donde ocurrieron 15 agresiones.
Al encabezar la rueda de prensa en la que se dio a conocer este recuento, Itzel Arteaga San Germán, abogada de esta Organización No Gubernamental (ONG), con 30 años de investigación, señaló que, con un total de 25 defensores del medio ambiente y los territorios asesinados en México durante 2024, el país llegó a su segunda cifra más alta en la última década; y dentro de ese panorama, Puebla se coloca como uno de los puntos más vulnerables, pues además de haberse registrado los homicidios del presidente del Comisariado Ejidal de San Andrés Hueyacatitla, Marcos Sánchez Perea, y de los tres guardabosques de San Salvador El Verde, identificados como José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro; también hay otros ambientalistas poblanos afectados dentro de algunos casos identificado entre los megaproyectos con más agresiones: el del Relleno Sanitario de San Pedro Cholula y Calpan, y el caso de la oposición a la contaminación provocada por la trasnacional Granjas Carroll en la Cuenca Libres-Oriental.
Como en años anteriores, los datos evidencian que a nivel nacional «quienes sufrieron más agresiones son personas que pertenecen a una comunidad, ya sea indígena o agraria», y en Puebla se dio esa misma situación, pues los cuatro defensores de bosques ejecutados por talamontes, y la mayoría de los otros agraviados, eran campesinos o pobladores de comunidades indígenas.
