Después del hallazgo de un supuesto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un conjunto de reformas y medidas que buscan atender la crisis de personas desaparecidas en el país.
Además, aseguró que su Gobierno utilizará “toda la fuerza del Estado” para esclarecer los hechos, encontrar a los responsables y evitar que situaciones similares se repitan.
Entre las iniciativas, destacó seis reformas clave
La primera pretende modificar la Ley General de Población para consolidar la CURP como la fuente única de identificación de las personas, permitiendo su cruce con registros administrativos y facilitando la búsqueda de personas desaparecidas.
La segunda busca crear una Base Nacional Única de Información Forense que integre datos de las 32 fiscalías estatales y la General de la República (FGR), así como una Plataforma Nacional de Identificación Humana que centralice registros administrativos y forenses.
La tercera pretende agilizar la búsqueda de desaparecidos con nuevos protocolos que den alertas inmediatas y hagan carpetas de investigación sin esperar 72 horas.
La cuarta equipara el delito de desaparición con el de secuestro, imponiendo penas y procedimientos de investigación a nivel federal y estatal.
La quinta obligará a la publicación mensual de cifras oficiales sobre desapariciones para transparentar la situación y evitar manipulaciones de datos.
La sexta y última fortalecerá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para brindar apoyo integral a los familiares de desaparecidos.También firmó un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dotándola de más recursos tecnológicos y capacidad de análisis. Enfatizó que su administración no tolerará encubrimientos ni la creación de “verdades históricas”.
Estas reformas buscan solucionar una crisis que afecta a más de 120 mil personas desaparecidas en México, según los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
